El Gobierno tripartito ha concluido ya la elaboración del pliego de condiciones para sacar a concurso dentro de un mes el servicio de ayuda a domicilio, uno de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento, que gestiona la empresa Ralons desde hace cuatro años. El concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, elevará a ocho millones anuales la cuantía del presupuesto para atender en su domicilio a las personas mayores que tienen dificultades para valerse por sí mismas. El contrato, se adjudicará por un periodo de otros dos, prorrogable por otros dos. En total serán 16 millones de euros los primeros dos años, que pueden llegar a los 32 millones si se prorroga, lo que lo convierte en uno de los contratos más elevados del Ayuntamiento de la capital grancanaria. El pliego del concurso ya se encuentra en el servicio de contratación, pendiente de ser licitado. Se calcula que el proceso de adjudicación tardará tres meses, por lo que el Ayuntamiento lo ha prorrogado, de forma excepcional, durante 90 días más, el tiempo que calculan los responsables de los servicios sociales que tardará en materializarse la concesión.
El actual contrato, que vence el próximo 4 de enero, se adjudicó en 2011 por 7,5 millones, pero nunca se gastó dicha cantidad porque las anualidades que presupuestó el anterior gobierno del Partido Popular (PP) oscilaron entre 6,2 y 6,6 millones. El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar una modificación de crédito de 497.779 euros para poder hacer f rente al pago de las facturas de noviembre. La partida de este año se ha tenido que incrementar en más de 600.000 euros. Los responsables del área han criticado que el PP aprobó la misma partida que en 2014, pese a que en ese ejercicio se comprobó que era insuficiente para atender las necesidades del servicio.
En el próximo contrato se contempla un incremento de medio millón para hacer frente al crecimiento de los usuarios y demandas de servicios, debido al envejecimiento de la población, y también para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En total, será medio millón más con respecto a la cifra de 7,5 millones por la que se adjudicó el servicio en 2011, pero si se la compara con las partidas presupuestadas hasta ahora, el incremento superará el millón. También está previsto, según indicaron fuentes del servicio, que se introduzca una cláusula en la que obligue al contratista a respetar los convenios colectivos y evitar los descuelgues salariales. En el pliego se incluirán los nuevos criterios del tripartito planteadas por los miembros de Las Palmas de Gran Canaria Puede, que obligan a las empresas a cumplir la legislación laboral y medioambiental y sólo computarán, salvo que dichas condiciones mejoren lo que fija la ley. Cuando se firmó el pacto de gobierno se anunció la aplicación estricta de la Ley de Contratos, que impide adjudicar servicios a empresas sancionadas por incumplir los derechos laborales y los convenios colectivos.
