La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) presentará una querella contra su exinterventor municipal, Rafael Bolívar, por los delitos de "falsedad continuada y prevaricación", según anunció ayer el presidente y alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, tras la celebración de un Consejo de Administración en el que los socios privados acordaron denunciar a Bolívar y los cuatro representantes municipales se abstuvieron.
Emalsa acusa al funcionario, que es jefe de la Unidad Técnica del Agua, de falsear "el contenido de los diversos informes emitidos" en los 18 meses que ejerció como interventor administrativo de la entidad, una labor que le encomendó el anterior gobierno local para aclarar la situación de la compañía y mejorar el control de un servicio esencial para la población.
En esos dictámenes, que son investigados por el Juzgado de Instrucción número seis de la capital, el técnico revela 14 anomalías graves en la gestión del servicio que ponen en peligro su continuidad, y recomienda a la Corporación rescatar la concesión porque Emalsa ha gestionado "durante 22 años 1.000 millones sin supervisión ni control eficaz del titular del servicio", sostiene Bolívar en uno de sus últimos informes. El juez instructor, tras admitir en 2013 una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos, ha tomado declaración como imputados a 15 consejeros, directivos y técnicos de Emalsa por supuesto fraude societario. La causa está pendiente del informe encargado sobre el posible perjuicio económico de los socios privados, Saur Internacional y Valoriza.
Investigación judicial
La empresa, en cambio, ha negado desde el principio el delito societario que le atribuye la Fiscalía, y acusa ahora a Bolívar de manipular a sabiendas los informes elaborados durante su intervención, los cuales son una pieza clave en la investigación judicial.
Emalsa, que emitió un comunicado para explicar la información adelantada por Hidalgo tras el Consejo de Administración, subraya que en los informes "también aparece la firma de otros cinco funcionarios". Se trata del comité técnico que asistió y apoyó a Bolívar en el proceso de fiscalización, entre los que está el director de los servicios jurídicos municipales, Antonio Jesús Ramón Balmaseda.
La situación que se puede desencadenar tras la denuncia es, cuanto menos, peculiar, pues Balmaseda, además de suscribir los informes cuestionados, ha participado como acusación particular en los interrogatorios celebrados para investigar el delito societario, siempre en representación del Ayuntamiento como perjudicado.
La compañía se basa en un informe encargado al despacho Clifford Chance, con sede en Madrid, para llevar a Bolívar al juzgado. Según Emalsa, el exinterventor "puede ser considerado el autor mediático del delito de prevaricación" por haber "instrumentalizado a los miembros de la junta de gobierno local a adoptar resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo", bien mediante una actuación "expresa o tácita, escrita u oral", añaden en la nota de prensa.
"Puede resultar duro que no apoyemos al funcionario, pero no podemos oponernos y mirar para otro lado ante la posibilidad de que haya cometido dos delitos", asegura Hidalgo para justificar la abstención de los concejales del tripartito en la votación del Consejo de Administración (PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas Puede).
El alcalde agrega que un abogado de Clifford Chance se ha desplazado desde Madrid para explicarles el informe sobre la actuación de Rafael Bolívar en "el insólito y tortuoso" proceso de intervención, cuyas conclusiones en su contra "son muy duras", detalla. El regidor no de descarta que se le abra un expediente informativo al jefe de la Unidad del Agua y que se adopten medidas de carácter disciplinario contra él, pero antes esperará a que el juzgado de instrucción se pronuncie sobre "la querella". Esas decisiones se tomarán "si se produce alguna distorsión con su actividad diaria, como hechos en otras ocasiones con otros funcionarios, siempre garantizando sus derechos", concluyó Hidalgo.
