El Gobierno tripartito de la capital grancanaria está negociando un acuerdo con los socios privados de Emalsa para pagar los 15 millones que reclama la compañía del agua por el servicio de saneamiento, con el objetivo de "desactivar" el pleito que está en marcha en los juzgados, tras la denuncia de la compañía porque el Ayuntamiento no paga desde 2013. Los técnicos se han negado a firmar las facturas, al considerar que la compañía no ha acreditado haber realizado los servicios que quiere cobrar. Por su parte, el jefe de la oposición, el popular Juan José Cardona manifestó ayer que es "una vergüenza" que el Gobierno tripartito no haya defendido al que fuera interventor de Emalsa, el jefe del a Unidad Técnica del Agua Rafael Bolívar, frente a la querella que va a presentar Emalsa contra el técnico por dos delitos de "falsedad continuada y prevaricación".
En relación con la deuda del saneamiento, Hidalgo manifestó que ambas partes están "viendo la posibilidad de acordar una fórmula de pago de los diez primeros millones, que es el origen de la disputa", a los que hay que añadir otros cinco millones de 2015, que aún no se han pagado. Los diez millones corresponden a las anualidades de 2013 y 2014. El objetivo de ese acuerdo, aclaró, va dirigido, "evidentemente, a desactivar el conflicto en los tribunales, pero todo depende de lo que nos digan los técnicos en el proceso de negociación con la empresa". El regidor recordó que Emalsa "denunció en los tribunales desde el primer año que le dejaron de pagar el saneamiento. Le estamos provocando un perjuicio importante a la empresas de la que el propio alcalde es presidente", por lo que se ha incluido ya una partida de cinco millones en el presupuesto para pagar la anualidad de 2016.
Por su parte, Juan José Cardona, consideró "una verdadera vergüenza" que el tripartito "anteponga los intereses de los socios privados de Emalsa y lo haga intentando desprestigiar la labor del que fuera interventor de Emalsa". "Es inaceptable", criticó, "que encima los representantes municipales lo hagan absteniéndose. Es irresponsable e indigno que hayan vuelto a tirarse en brazos de los socios privados, en vez de defender a los seis funcionarios que han firmado los informes en defensa del interés general".
En el pleno, la edil de Ciudadanos, Beatriz Correas, volvió a quedarse con las ganas de que el concejal de Aguas, Roberto Santana, le aclarara cuantos servicios de Emalsa tiene subcontratados Sercanarias. Tampoco hubo respuesta a su pregunta sobre las causas de la abstención en el consejo de Emalsa, una actuación que calificó de "vergonzosa. Significa que están de acuerdo con la presentación de una demanda contra funcionarios municipales que están cumpliendo con su deber. No sé si es ineptitud o un intento de proteger a alguien". Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier Doreste, intentó desmarcarse de la querella contar Bolívar, aunque reconoció que se abstuvo junto a Hidalgo y los otros dos ediles. Lo hizo, sostuvo, "para no romper la disciplina de voto" del Ayuntamiento y porque el informe en el que se ampara la querella "no tiene mucho recorrido porque no es muy contundente. Siempre apoyé a Bolívar y defendí que los informes de la intervención fueran una hoja de ruta, junto a los de KPMG".
