Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, señaló ayer que si la planta de biomasa que pretende instalar Ence en el Puerto capitalino tiene efectos nocivos sobre la salud será "imposible" su aprobación. Aunque el ente portuario aún no ha recibido ninguna notificación oficial, ha trascendido un estudio de la Consejería de Sanidad de Gobierno de Canarias que advierte de que la puesta en marcha de esta infraestructura podría propagar partículas contaminantes sobre la población, lo que obliga a esta instancia a emitir un informe desfavorable a su construcción.
El presidente del Puerto había señalado en anteriores ocasiones que la autorización de esta actividad estaría sujeta a los informes de Salud Pública, que es a los que el ente les da "mayor relevancia". "Nuestro objetivo es ubicar las industrias dentro de su espacio, en este caso, las energías renovables cumplen los requisitos, pero si, como parece ser, se trata de una actividad contaminante, no se podrá realizar", agregó. El Puerto espera a que se le notifique oficialmente el informe de Sanidad, pero deja claro que la afección a la salud que pone de manifiesto a este estudio y que se agrava cuando hay calima, hace "imposible" que el consejo de administración dé su visto bueno al proyecto.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, señaló que el proyecto es, en su opinión, "bastante dudoso". El responsable insular considera que "no está en la línea de lo que el Cabildo plantea, que tiene que ver con un desarrollo basado en la soberanía energética".
El consejero cree que la autosuficiencia no tiene nada que ver con la idea que ofrece la multinacional. "La procedencia de la biomasa es externa a nuestra propia producción de residuos vegetales, importaríamos en vez de producir y eso no redunda en la soberanía energética", indicó el consejero, que tampoco considera sostenible el coste de la actividad, ya que la producción de megavatios por hora supera los límites para considerarlo una energía sostenible.
Brito alegó que si, además, hay informes que plantean que la planta tendría efectos negativos en la salud, esto es "un pero añadido" a las dudas que ya de por sí plantea el proyecto de la empresa del Ibex 35.
Informe municipal
La planta de biomasa, cuya inversión asciende a 150 millones de euros, sería la más grande de todo el territorio español y ha sido declarada de gran interés por parte del Gobierno canario. En estos momentos, no se ha solicitado licencia para su construcción, pero la empresa municipal Geursa llevó a cabo un estudio en julio pasado sobre la idoneidad de la infraestructura desde el punto de vista urbanístico. En este documento se explica que la planta cumple los requisitos, ya que se trata de una actividad enmarcada en el campo de las energías renovables. El ordenamiento urbanístico de la zona en La Esfinge, permite la instalación de la planta, por lo que Geursa concluye de manera favorable a su instalación, aunque hace la salvedad de que deben corregirse algunos aspectos que tienen que ver con el impacto visual, ya que el proyecto contempla, por ejemplo, una chimenea de 65 metros de altura, lo que equivale a un edificio de unas 20 plantas.
Pilar Álvarez, concejala de Medio Ambiente, avanzó ayer que el Ayuntamiento va a solicitar por escrito el informe de afección a la salud de la planta y que, además, se dirigirá a la Unión Europea para que explique por qué se considera una energía renovable esta actividad. Además, habrá reuniones con la Autoridad Portuaria y el Cabildo. "El informe demuestra que ese tipo de instalaciones emiten partículas PM10 y pide que se analicen las PM2,5. Está comprobado que provocan daños en la salud como cardiopatías y problemas respiratorios", reveló la edil, que recordó que la incidencia de estas partículas se usa como marcador para regular el tráfico en Madrid.
Álvarez, que se reunió con representantes de Ence el mes pasado, explicó que hay tecnología que filtra este tipo de agentes contaminantes, pero reconoció que aún no tiene en su poder el proyecto definitivo de la planta, "porque no han pedido la licencia".
La intención de Ence es nutrir la planta de residuos transportados desde Brasil, la Península y Congo. Desde el país sudamericano se traería el grueso de la materia que se quemaría en la planta. Unas 400.000 toneladas al año que vendrían hasta La Esfinge en 12 barcos. También se alimentaría de restos locales, pero no serían suficientes para fabricar energía y que la inversión fuera rentable. "Tal y como está ahora el proyecto y teniendo en cuenta el precio del petróleo, no es una actividad rentable, pero sí estratégica para la compañía", señaló la concejal.
