Ence (Energía y Celulosa), la compañía que proyecta construir la mayor planta de biomasa de España en el Puerto de La Luz, rechazó ayer que esta instalación produzca efectos nocivos contra la salud de los ciudadanos, tal y como señala la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un estudio. Por ello, la empresa ha remitido un nuevo informe más exhaustivo en el que se detalla que "en ningún caso se superarían los valores límite de calidad para la protección de la salud en el entorno urbano de Las Palmas". Desde la Dirección General de Salud Pública se informó ayer de que están a la espera de recibir la documentación, que volverá a ser analizado por los técnicos de esta área.
La compañía "desmiente tajantemente" que la construcción y el funcionamiento de la futura planta para generar energía a través de los desechos orgánicos "suponga riesgo alguno para la salud de los ciudadanos", tal y como señala el análisis negativo elaborado por Sanidad. Ence explica que la valoración del departamento público se realizó sobre un informe preliminar que se firmó en junio de 2015, pero que el pasado 17 de diciembre, después de conocer la respuesta por parte de la consejería, fue actualizado con nuevos detalles sobre los efectos contaminantes de la instalación.
Entre otras cosas, la compañía recalca en este nuevo estudio que "los valores de calidad de aire del proyecto, que contempla la instalación de las mejores técnicas disponibles en el tratamiento de emisiones, estarían muy por debajo de los valores límites exigidos por la normativa europea". En la documentación, que según Ence ya se encuentra en la Consejería de Sanidad aunque desde el departamento se precisa que aún no lo han recibido, se señala que "en ningún caso" se superan los valores límites de calidad para la protección de la salud de un entorno urbano, que para las partículas en suspensión se sitúa en 25 microgramos por metro cúbicos anuales y para el dióxido de nitrógeno (NO2) se establece en 40 microgramos.
Estos datos, sin embargo, se contraponen a los que expone Sanidad en su análisis del proyecto preliminar presentado en un primer momento. En el mismo se señala que con una chimenea de una altura de 65 metros y las condiciones meteorológicas más habituales, es decir, vientos alisios que soplan de noreste; los valores estimados de dióxido de nitrógeno estarían "ligeramente" por encima del limite anual para la protección de la salud. Lo mismo ocurriría con el dióxido de azufre (SO2), que asimismo superaría el valor crítico de protección de la vegetación.
Otro de los aspectos que entra a matizar la compañía es la valoración que realizan los técnicos de la consejería sobre la contaminación que emite una planta de biomasa, que consideran "más peligrosa" durante la combustión "que otros combustibles más tradicionales como el gasoil o el gas natural". Entre los contaminantes que expulsaría la central nombra los compuestos orgánicos volátiles, ácidos orgánicos o las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5), estás últimas "procedentes de la combustión de madera" que "daña la salud respiratoria y contribuye a otras enfermedades".
Ence responde que la combustión de madera "es mucho más limpia que la de combustibles como el gasóleo o el fuel-oil que, por su composición, tiene un porcentaje de azufre muy superior a la biomasa" por lo que "emiten mucho más SO2 -dióxido de azufre-, algo", continúa, "radicalmente distinto a las valoraciones que se han realizado al respecto".
La multinacional que cotiza en el Ibex 35 envió el nuevo estudio a la consejería de Industria a mediados de diciembre. Desde esta área se indicó ayer que el siguiente paso será remitirlo a Medio Ambiente y Sanidad, que a su vez volverán a emitir nuevos análisis con los datos aportados por la empresa. Desde Salud Pública se informó ayer que hasta el momento no obra en su poder las nuevas justificaciones de Ence, pero que prevé tenerlas a lo largo de los próximos días. Otras fuentes consultadas precisaron que en cuanto el departamento admita la documentación, el plazo para analizar la misma sería de aproximadamente un mes, por lo que a mediados de febrero estarían en disposición de contestar a la compañía sí se da vía libre a la instalación de la central.
En todo caso, las fuentes consultadas aclararon que ni el informe de Sanidad ni el de Medio Ambiente son vinculantes para que finalmente Industria acepte o rechace una autorización administrativa. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ya adelantó el pasado martes que si existe un informe negativo hacia la planta en cuestiones de salud de la población se opondrá a su instalación en el muelle de La Esfinge, donde la compañía ha solicitado 48.000 cuadrados para instalar el complejo, para el que tiene previsto invertir 150 millones de euros. El complejo tendría una capacidad de 70 megavatios y quemaría un volumen anual de medio millón de toneladas de madera, que serían introducidas sobre todo de Brasil.
