La mayor inversión de la historia en el Puerto de La Luz pende de un hilo. Los 149 millones de euros que la multinacional Ence Energía y Celulosa tiene previsto destinar a la construcción de una planta de biomasa depende de los informes que la Consejería de Sanidad realice sobre el proyecto ambiental, después de que declarar como negativo el estudio preeliminar al considerar que puede ser perjudicial para la salud de la población de Las Palmas de Gran Canaria. Puerto y ciudad van al unísono: si Sanidad no emite una valoración positiva, la central no se levantará.
Todo pasa por el nuevo estudio que la empresa ha remitido al Gobierno de Canarias. Ence ya desmintió durante la semana que su planta "sea perjudicial para la salud". Para ello, envió al Ejecutivo el segundo estudio en el que, señala, "en ningún caso se superarían los valores límite de calidad para protección de la salud en el entorno urbano de Las Palmas". Ya en el primero de ellos, firmado en abril del año pasado, aseguraba que las emisiones de la incineradora estaban dentro de lo establecido.
Sin embargo, el análisis elaborado por la Consejería determi- na que las emisiones de la planta generarían unos valores estimados de dióxido de nitrógeno (NO2) "ligeramente por encima del valor límite anual para la protección de la salud humana" y en el caso del dióxido de azufre (SO2) superaría "el valor crítico de protección de la vegetación.
El documento, firmado por la jefa de servicio de Sanidad Ambiental, María Luis Pita Toledo, el 23 de julio del año pasado, recalca que con las condiciones meteorológicas predominantes en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia habitual de los vientos alisios procedentes del noreste, las partículas que emitiría el complejo alcanzarían la ciudad, por lo que tendría afección en la población.
Ante estas conclusiones, Ence volvió a entregar más información al Gobierno con el objetivo de conseguir la aprobación de los técnicos sanitarios. Estos, tras analizar el informe ambiental de la multinacional, trasladarán sus conclusiones al departamento de Industria, que será donde finalmente se decida si se concede o no la autorización administrativa.
En cualquier caso, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, aclaró que si las instalaciones que Ence pretende estrenar en 2018 son perjudiciales para la salud se opondrá a conceder los 48.000 metros cuadrados que ha solicitado en el muelle exterior. A esta opinión se sumó el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que también se mostró contrario a la planta de biomasa si Sanidad considera que las emisiones son superiores a las permitidas.
Oposición de ecologistas
Ence además se ha encontrado esta semana con la oposición por parte de asociaciones y ecologistas, que aseguran que la instalación de una central de este tipo, que pretende introducir más de medio millón de toneladas de madera procedente de Brasil, Congo y la Península, atraería nuevas plagas a Gran Canaria, lo que su vez afectaría a plantas endémicas como el pino o la palmera canaria. En concreto, la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor) fue la primera en advertir de esta circunstancias al entender que la entrada de la mercancía de un "incierto y variado origen expone a la naturaleza canaria a un muy grave e innecesario riesgo".
A ello se unió el pasado viernes Ben Magec - Ecologistas en Acción, que ya han adelantado que estudian si denunciar ante la Fiscalía al Gobierno de Canarias por declarar la planta de biomasa del Puerto de interés estratégico en septiembre cuando ya se conocía el informe negativo de Sanidad, fechado el 23 de julio.
