La mediación para evitar llegar a juicio comienza a dar resultados, aunque de forma tímida. Desde que el Gobierno de Canarias puso en marcha el servicio en 2009, los jueces de familia en Gran Canaria y Tenerife han derivado 1.119 casos, de los cuales 247 han terminado en acuerdo extrajudicial, según los datos revelados ayer por el viceconsejero regional de Justicia, Manuel Fajardo. La estadística, por tanto, arroja un 22 % de éxito en la ardua tarea de mediar entre cónyuges, es decir, uno de cada cinco usuarios del servicio han logrado resolver su conflicto de forma alternativa al enfrentamiento judicial.
De esas 1.119 derivaciones, 642 iniciaron la mediación familiar y 477 rechazaron someterse al procedimiento. No hubo acuerdo en 282 casos, mientras que 59 continúan en trámite y 52 desistieron antes de someterse a la primera sesión. Se trata, en el 58 % de los supuestos, de conflictos relacionados con la crianza y el cuidado de los hijos. Fajardo expuso esos datos en la Ciudad de la Justicia, donde se celebró el acto institucional del Día Europeo de la Mediación, en el que también participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, y la magistrada Rosalía Fernández, coordinadora, a su vez, del Punto Neutro Pro Mediación en Canarias (PNPM).
Tres horas después, en la sede del Colegio de Abogados de Las Palmas, el decano, Joaquín Espinosa, distinguió la labor mediadora de siete juristas: la juez de Familia Carmen Simón; las magistradas de lo Contencioso Administrativo Esperanza Ramírez y Olimpia del Rosario Palenzuela; el magistrado de la Audiencia de Las Palmas y exviceconsejero de Justicia Pedro Herrera; el exsecretario del Cabildo de Gran Canaria Luis Montalvo; el exletrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Antonio Sánchez Tetares, y el abogado del Ayuntamiento de Agüimes José Luis Berna.
Habló, en nombre de todos, Pedro Herrera, que elogió la labor de sus colegas Olimpia Palenzuela y Esperanza Ramírez, pues son pioneras al coordinar un proyecto piloto de mediación intrajudicial en su jurisdicción, con la colaboración de la Fundación Valsaín, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJC, César García-Otero, y el abogado Yeray Alvarado, del despecho Aguilar y Astorga, todos presentes en el acto celebrado en la institución colegial.
El decano, Espinosa, explicó que el Colegio ha modificado sus estatutos para promover la mediación como fórmula alternativa de resolución de conflictos, con la finalidad de crear un servicio con ese fin. Ese proyecto, que ya funciona en Valencia, fue aprobado por la tarde, horas después de que Espinosa adelantara el acuerdo.
El propio Herrera, que se volcó con la mediación en su etapa en el Gobierno regional, felicitó a los abogados por esa iniciativa y por sembrar la "semilla" en la resolución extrajudicial de los pleitos. Eso, añadió el magistrado, contribuirá a consolidar el proyecto iniciado en los juzgados de Familia. "Es importante dialogar, pero sobre todo hay que saber escuchar", recomendó el juez. De los 397 mediadores inscritos en el registro público de familia, la mayoría derivan de la abogacía y ejercen en la capital grancanaria, destacó Herrera.
Rosalía Fernández, la coordinadora del punto neutro, abogó por la necesidad de extender el servicio de mediación familiar a las islas no capitalinas y, sobre todo, al resto de la jurisdicción civil, algo en lo que ya trabaja el Consejo General del Poder Judicial. El responsable del proyecto en ese órgano, Juan Francisco Mejías, asegura que España podría ahorrar más de 500 millones al año con la mediación, según declaraciones recogidas por la agencia Efe.
