El Gobierno tripartito no tiene claro aún si recurrirá la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro que obliga al Ayuntamiento a pagar a Emalsa 7,2 millones, incluidos los intereses de demora, por el servicio de mantenimiento de la red de saneamiento supuestamente prestado entre enero de 2013 y abril de 2014. El exalcalde Juan José Cardona se negó a abonar el saneamiento porque la compañía no acreditó haber realizado los trabajos y el responsable técnico del servicio se negó a dar curso a la tramitación de las facturas.
De hecho, el concejal de Aguas, Roberto Santana, admitió ayer que hasta el día de la fecha no se ha pagado ninguna factura porque los técnicos se niegan a firmar el pago. A partir de la sentencia, sostuvo, el Ayuntamiento está obligado a pagar porque hay una sentencia que le obliga a ello. Según el responsable de Aguas, el Ayuntamiento recurrirá en el caso de que "no sea más gravoso" para las arcas municipales. "Esta sentencia nos pone en una situación incómoda porque nos obliga a sentarnos con Emalsa" para intentar que los otros dos años (2014 y 2015) que quedan sin pagar, "no nos cueste más dinero en intereses de demora", cuya cuantía, incluidos los de 2013, rondarían los dos millones, que se añadiría a los 4,8 millones anuales que establece el contrato. Santana acusó a Cardona de generar un "agujero", que podría llegar a los 18 millones con los intereses de demora, por "judicializar" un proceso que tenía que haber resuelto el Ayuntamiento con la concesionaria, bien mediante la apertura de un expediente sancionador, la denuncia en los tribunales o la rescisión del contrato. Preguntado si el gobierno se plantea la posibilidad de pagar por imperativo legal y recurrir, como sugiere la oposición, Santana explicó que todavía no se ha adoptado ninguna decisión.
Tampoco aclaró si el gobierno se está planteando rescindir el contrato. La sentencia considera, tras afirmar que el Ayuntamiento debe pagar porque el contrato de saneamiento de 1998 no obliga a justificar la prestación de los trabajos, que el Ayuntamiento debería rescindirlo si considera que el marco contractual y técnico le impide verificar el cumplimiento del servicio o iniciar un proceso sancionador si "sospecha o entiende que no está siendo prestado de forma adecuada". Asimismo, la magistrada rechaza la parte del recurso en el que Emalsa planteaba que se reconociera su derecho a que el Ayuntamiento no le pidiera más documentación que la establecida en el contrato de 1998 para cobrar, es decir, los metros cúbicos de agua facturados. La juez entiende que es el Ayuntamiento el que tiene que resolver el marco contractual con la concesionaria. Santana se limitó a decir al respecto que esa parte del fallo "abre una puerta" y que se ha creado un grupo técnico para fijar un nuevo marco que permita controlar a Emalsa.
Tanto el Partido Popular, como Ciudadanos (C's) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) coincidieron al exigir al Ayuntamiento que recurra la sentencia y pague para que no sigan corriendo los intereses. A juicio del popular Juan José Cardona, "hay un mandato legal que obliga al Ayuntamiento a recurrir una sentencia que va en contra de los intereses generales de la ciudad y del consistorio". Cardona negó que el impago de las facturas haya generado un agujero. "Ese dinero fue provisionado en los presupuestos anuales y forma parte del superávit del Ayuntamiento", aseguró.
"La cobardía e irresponsabilidad del tripartito". dijo, "les ha llevado a mirar para otro lado y a admitir una querella criminal contra el interventor que ha denunciado los incumplimientos de Emalsa". Rafael Bolívar fue apartado del servicio el pasado enero. Por su parte, Beatriz Correas, de C's, pidió al tripartito que denuncie el contrato de 1998 y "todas las irregularidades que conlleva" y empiece a "fiscalizar de una vez por todas las cuentas de la empresa pública. Las facturas se han estado pagando como acto de fe desde 1998". La portavoz de UxGC. Ángeles Batista, señaló que el Ayuntamiento debe pagar las facturas y recurrir sin dilación", la sentencia.
