El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha ordenado la paralización de unas obras sin licencia que se estaban ejecutando en una casona protegida situada en la calle Domingo J. Navarro, número 4, en el barrio de Triana. El inmueble está catalogado por su interés ambiental y el propietario, Damián de Prada, aseguró ayer que sólo intervino en el edificio para "evitar que se cayera" porque se encontraba en muy mal estado.
Además de la paralización, los técnicos de Urbanismo y Protección del Paisaje han ordenado el vallado y el apuntalamiento del edificio. El gobierno municipal se está planteando denunciar ante la Fiscalía de Las Palmas al dueño del edificio por atentar contra el patrimonio, al considerar que la intervención realizada en el inmueble vulnera lo establecido en la ordenanza del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Triana y Vegueta. Las fuentes apuntaron al respecto que la intervención que se llevó a cabo, además de carecer de licencia de ningún tipo, "vació toda la primera planta, incluida la primera crujía", la estructura situada entre la fachada y el muro de carga o pilares. El edificio de dos plantas tiene un grado de protección 1.3, que obliga a mantener íntegramente su aspecto exterior, así como la primera crujía, la cubierta y el volumen construido.
El propietario del edificio solicitó licencia de obras en octubre del pasado año. Los técnicos del área de Protección del Paisaje, aseguraron las fuentes, se dirigieron al dueño para solicitarle más información porque la documentación remitida estaba incompleta y faltaban, entre otras cosas, el proyecto de la obra que se iba a realizar. Además de la reforma, los dueños solicitaron permiso para apuntalar el edificio, hacer demoliciones parciales y desescombro.
En diciembre de 2015, se remitió el proyecto a Urbanismo pero, antes de que el Ayuntamiento diera la licencia, los responsables del inmueble iniciaron las obras.
Al enterarse el Ayuntamiento del comienzo de los trabajos sin permiso alguno, enviaron a los técnicos y "se encontraron el edificio totalmente hueco. Sólo han dejado en pie la fachada y han demolido el forjado de la cubierta y la segunda planta se la han cargado entera".
Según las fuentes, cualquier intervención en el edificio debe ser sometida a la aprobación de la comisión municipal de Patrimonio. Además, la ordenanza del Pepri sólo contempla el uso residencial en la segunda planta e impide el uso terciario-recreativo. La actividad de restauración que se proyecta en el edificio, sólo sería posible en la primera planta.
Damián de Prada, por su parte, sostuvo que la obra "no ha sido paralizada". "Nos han dado un plan de urgencia para asegurar la fachada. Se ha hecho una inspección para seguir la obra y los técnicos municipales nos han dicho que hay que asegurar la fachada. La obra no ha empezado", afirmó De Prada.
Tras reconocer que el Ayuntamiento no les había concedido ninguna licencia, añadió que se vieron obligados a realizar una actuación "de emergencia para que no se cayera la casa, que se encontraba muy mal, en estado de ruina. Estamos en sintonía con el Ayuntamiento", resaltó, "y lo que han hecho es notificarme un plan de emergencia para asegurar el edificio. El inmueble estaba en estado ruinoso. Se compró muy barato, precisamente por esa razón".
Negó también que se haya incumplido la ordenanza de protección y afirmó que "se han respetado la fachada y la primera crujía". Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que se le permita llevar a cabo el proyecto de restauración.
