El gobierno municipal de la capital pretende sacar a concurso este año la gestión del campo de golf de La Minilla, pero antes quiere conocer los proyectos que presenten las empresas interesadas en explotar el complejo deportivo para garantizar su viabilidad económica y evitar el fiasco ocurrido con la anterior concesionaria, una filial de Evemarina, cuya concesión acaba de rescatar tras acordar con la administración concursal de Las Palmeras Golf el pago de 4,1 millones de euros.
La operación ha sido ruinosa para el Ayuntamiento, al que le ha costado once millones de euros, entre lo que ha dejado de percibir y lo que ha tenido que pagar para el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones. El negocio ha sido perjudicial para el Ayuntamiento, que todavía sigue pagando el agua y la vigilancia y limpieza del campo de golf.
El gobierno municipal apuesta por mantener la misma actividad deportiva y sólo en el caso de que haya problemas, baraja la posibilidad de convertir todo ese espacio en un parque urbano, que podría conectarse con Las Canteras. El complejo tiene una superficie de 100.000 metros cuadrados, en el que además del campo de golf hay un aparcamiento, canchas de pádel y un centro comercial, en el que también se baraja la posibilidad de instalar algunas dependencias municipales.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, asegura que varias empresas se han interesado ya por el complejo y se les ha dicho que "presenten un proyecto con un estudio de viabilidad económica para analizarlo".
El tripartito está dispuesto a mantener la actividad del golf en el complejo si encuentra un socio que esté dispuesto a encargarse del mantenimiento y la explotación. En las próximas semanas tiene previsto reunirse con los empresarios que gestionan los negocios del pequeño centro comercial y también con la Federación Canaria de Golf, que se encarga sólo de la gestión deportiva del complejo desde 2013.
La liquidación
A los 4,1 millones de euros que tendrá que pagar el tripartito a la administración concursal de Las Palmeras Golf, la filial de Evemarina, para recuperar el complejo y liquidar la concesión, que tenía un periodo de 50 años, se añaden un total algo más de siete millones de euros, que el Ayuntamiento dejó de percibir o ha tenido que aportar. Los técnicos del Ayuntamiento cifraron en cinco millones la inversión que realizó realmente Las Palmeras Golf para poner en marcha las instalaciones del complejo, por lo que el Ayuntamiento tiene previsto reclamar siete millones a la concursal, aunque el gobierno municipal es consciente también de que hay muy pocas posibilidades de recuperar el dinero. La entidad CaixaBank, a la que la concesionaria pidió una hipoteca de 10 millones de euros, que nunca pagó, tendría prioridad frente al Ayuntamiento para cobrar su deuda. Doreste criticó hace unos meses los millones que ha perdido la ciudad por una inversión que "no necesitaba". También achacó a la hipoteca de la concesión la situación jurídica en la que se encontraba el campo de golf, lo que ha obligado a la ciudad a pagar 4,1 millones para recuperar la finca.
Entre los siete millones que adeuda la antigua concesionaria al Ayuntamiento, figuran 2,3 millones que pagó el Ayuntamiento en la compra de agua para mantener el campo y las instalaciones, entre 2005 y marzo de 2013. El Ayuntamiento sigue pagando unos 300.000 euros anuales hasta el día de la fecha, pero a partir de marzo de 2013, entró la Federación Canaria de Golf a gestionar el campo.
La antigua concesionaria tampoco pagó nunca los 624.108 euros que le reclamó el Ayuntamiento entre 2007 y 2013, en concepto de canon por utilizar una instalación de propiedad municipal, ni siquiera antes de 2010, cuando entró en suspensión de pagos. La concesión fue aprobada en 2002, durante el mandato del popular José Manuel Soria, y fue formalizado mediante escritura pública el 6 de octubre de 2006. El 26 de febrero de 2010, Las Palmeras Golf presentó suspensión de pagos y un juzgado de Málaga dictó el procedimiento concursal.
Otra actuación que le ha generado quebraderos de cabeza al Ayuntamiento, fue la hipoteca para financiar la construcción del complejo que la concesionaria suscribió con La Caja de Canarias -luego absorbida por CaixaBank- el 6 de octubre de 2006, justo el mismo día que se firmó la escritura de la concesión. Llama la atención que la hipoteca sobre la concesión municipal fue aprobada por la junta de gobierno más de un mes después, el 9 de noviembre de 2006, al reclamar la entidad la autorización del Ayuntamiento que la empresa no había presentado en el momento de la constitución de la deuda. De hecho, Caixa Bank reclamó en 2014 su derecho a ser indemnizada.
