Ence (Energía y Celulosa) anunció el 20 de enero su decisión de abandonar el proyecto que tenía previsto ejecutar en el muelle de La Esfinge del Puerto de La Luz. Poco más de tres semanas después, la compañía aún no ha formalizado oficialmente ante el Gobierno de Canarias su decisión de abandonar como ubicación el recinto portuario para la planta en la que iba a destinar unos 150 millones.
Un portavoz de la Viceconsejería de Medio Ambiente asegura que "hasta esta fecha, no se ha solicitado por parte de la empresa el rescate de ese expediente". Es decir, aún no se han paralizado los trámites para obtener los permisos con los instalar la incineradora de madera. En todo caso, esta misma fuente apunta que Ence tendrá que comunicar su decisión a la Consejería de Industria, que es el órgano en el que se comienza el proceso para, posteriormente, solicitar los sucesivos informes de Sanidad, que ya ha emitido hasta dos estudios negativos sobre la puesta en marcha de la central por su afección a la salud de los ciudadanos de la capital, y a Medio Ambiente.
La propia viceconsejería que dirige Blanca Delia Pérez Delgado continúa con los trámites correspondientes porque, explica el responsable de comunicación, "legalmente no se puede paralizar un proceso" con una declaración en prensa sino que, como cualquier otro, tendrá que ser la empresa quien informe de su determinación. Mientras tanto, el expediente continúa. Los técnicos medioambientales tendrán que emitir, si la empresa no comunica antes su paralización, los informes sobre la planta de biomasa.
Ence manifestó que debido al rechazo público que desde distintas administraciones se había mostrado hacia la construcción de la fábrica, entre ellos el del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; o el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra; "iniciará la tramitación de otra ubicación para el proyecto que cuente con el apoyo de las distintas instituciones y agentes sociales".
La decisión se tomó después de que se diera a conocer que Sanidad había emitido hasta dos informes contrarios a la instalación de una incineradora de biomasa en el puerto capitalino. En los documentos, los funcionarios del departamento aseguraban que la planta emitía gases con efectos nocivos sobre la calidad del aire. El principal motivo para calificarla de desaconsejable se situaba en la proximidad que la central tenía con la población.
En el primero de los estudios determinaron además que supondría un incremento en la exposición de los habitantes de la ciudad a partículas dañinas para la salud, que se agravaba por las condiciones meteorológicas predominantes en las Islas, con vientos alisios del noroeste que las enviarían desde el Puerto hasta la capital.
Sanidad asegura que una planta de este tipo emite contaminantes más peligrosos que el gas natural o el gasoil. Esta afirmación, sin embargo, ha sido rechazada por Ence, que ha recalcado en varias ocasiones que este tipo de energía es más limpia. En su anuncio en el que informó de que iba a proponer otra ubicación en las Islas para la planta, señalaba que el 90% de la electricidad en Canarias se generaba a través de centrales de fueloil y diésel, que emitían cantidades de partículas NOx (óxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre) "mucho más elevados que el resto de tecnologías de producción eléctrica y, por supuesto, que la generación con biomasa".
