La plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias denunció ayer la nueva ordenanza municipal para mejorar las condiciones de accesibilidad y rehabilitar los edificios, que tiene previsto aprobar el gobierno municipal en el próximo pleno. Según criticaron ayer Carmen Bautista y Gisela Rivero, once de los 18 artículos de la normativa "incumplen" leyes estatales y autonómicas y "sólo tiene en cuenta la eliminación de las barreras para las personas que usan silla de ruedas". Arturo Suárez, técnico de accesibilidad de la plataforma, calificó la ordenanza de "soberano disparate" y denunció que no se tenga en cuenta la eliminación de barreras para las personas sordas, ciegas y otras discapacidades. "La ordenanza no garantiza la accesibilidad universal", señaló Gisela Rivero, quien criticó que el gobierno tripartito no haya llevado al consejo de participación de accesibilidad, el texto de la ordenanza para que los colectivos aborden el texto. "La ordenanza", dijo, "fue redacta por el Partido Popular en el anterior mandato y fue metida en un cajón después de que los colectivos rechazaran el texto. El actual gobierno ha sacado de nuevo la ordenanza y la aprobó en la comisión de pleno con la aprobación de todos los partidos", salvo Unidos por Gran Canaria, que ayer exigió las modificaciones que plantea las personas con discapacidad.
Arturo Suárez consideró que la ordenanza es "nula de pleno derecho" y aseguró que los colectivos impugnarán la normativa. Suárez advirtió también que el Ayuntamiento tampoco se hará cargo de la rehabilitación de los edificios, para eliminar las barreras, en los casos en los que los particulares no tengan ingresos para llevar a cabo las reformas. Tampoco garantiza, según Suárez, las "mejoras de la evacuación de personas con discapacidad". El edil de Urbanismo, Javier Doreste, informó de que el objetivo de sacar adelante la ordenanza es agilizar cuanto antes la rehabilitación de los viejos edificios. Según Doreste, en los próximos meses se realizará una nueva ordenanza, que incluirá toda la legislación estatal y convocará a todos los colectivos afectados por movilidad y comunicación reducida para cumplir la accesibilidad universal, incluida la eliminación de barreras para invidentes y personas sordas.
