El Gobierno municipal dejará en manos de la empresa externa KPMG Abogados, S. L. el papel de "garante y mediador" de los acuerdos que adopte el nuevo comité técnico asesor, que fue creado el pasado 21 de enero, para revisar y controlar la relación contractual con Emalsa, la empresa mixta del agua. Las recomendaciones de la auditoría de KPMG, que fue encargada y pagada por la propia compañía mixta, marcarán la pauta de aspectos claves del servicio como la "nueva estructura de precios" de las tarifas por el abasto de agua y la depuración, los mecanismos de control del cumplimiento de los servicios o la "retribución razonable" a los socios de la compañía, cuyo 66% está en manos de Saur y Valoriza. Ninguno de los tres últimos informes realizados durante el proceso de intervención de Emalsa, al que el tripartito dio carpetazo después de 18 meses de trabajo, serán tenidos en cuenta por el comité asesor para reformular las relaciones con Emalsa, pese a los graves incumplimientos de la operadora que el proceso puso de manifiesto, en la línea de la evaluación previa realizada por el equipo de expertos, nombrado por el anterior alcalde Juan José Cardona. Hasta catorce se llegaron a enumerar en último informe.
La empresa que ha nombrado el gobierno municipal como "garante" de la modificación de la relación contractual entre el Ayuntamiento y la operadora del agua es la misma a la que el antiguo interventor de Emalsa, Rafael Bolívar, rechazó un dictamen jurídico que le encargó en 2014 para aclarar las consecuencias jurídicas en torno al conflicto con Emalsa por el impago del saneamiento. El estudio fue devuelto porque, según Bolívar, no respondió a los requerimientos solicitados.
Fue la propia Emalsa la que encargó directamente a KPMG, a espaldas de la intervención, un nuevo informe sobre la relación contractual, por 244.000 euros, cuya primera entrega fue calificada de "inane" y ambigua por el interventor. Es este estudio, denominado Dossier de acuerdos y documentos para la adecuación de la situación de Emalsa, el que se utilizará, según consta en el acuerdo de la junta de gobierno, para "poner en marcha un amplio proceso de trabajo entre las partes implicadas", en el que KPMG hará además de "mediador y garante de la legitimidad de los acuerdos a adoptar", con el objetivo de alcanzar un "nuevo concepto de supervisión de la gestión del ciclo integral del agua" y "garantizar al Ayuntamiento la información y los mecanismos necesarios para asumir su rol como titular de los servicios concesionados". El informe de KPMG también servirá de base para la "reformulación" de los "contratos vigentes" y la "garantía de la realización de los servicios prestados por Emalsa en relación con su coste económico y la financiación de las nuevas inversiones que sean necesarias para mejorar las infraestructuras actuales".
La finalidad de este comité técnico, formado por tres técnicos municipales, es asesorar a los cuatro representantes municipales en el consejo de administración de Emalsa -el alcalde Augusto Hidalgo y los concejales Javier Doreste, Pedro Quevedo y Roberto Santana-, para la "formulación de propuestas y acuerdos que, previamente hayan sido definidos por ambas partes", en relación al informe de KPMG. Las propuestas serán elevadas al consejo de administración, en el que el Ayuntamiento está en minoría, pues sólo tiene el 34% de las acciones. Entre las diez propuestas que plantea el informe de KPMG figura la búsqueda de un acuerdo para el pago de las facturas del contrato de saneamiento y depuración de 2013 y 2014.
Una reciente sentencia le acaba de dar, de manera parcial, la razón a Emalsa y obliga al Ayuntamiento a abonar a la empresa mixta 7,2 millones por el servicio de mantenimiento de la red de saneamiento supuestamente prestado entre enero de 2013 y abril de 2014.
El Ayuntamiento no paga las facturas de saneamiento que presenta Emalsa porque el antiguo jefe de la Unidad Técnica del Agua y exinterventor, Rafael Bolívar, se negó a firmar las facturas porque la empresa no acreditó los servicios prestados, una decisión que fue ratificada por la Intervención General del Ayuntamiento y la Asesoría Jurídica.
El Ayuntamiento aún no tiene decidido -o no lo ha desvelado- si recurrirá una sentencia que le da la razón a Emalsa en su pretensión de cobrar sin justificar los servicios realizados, porque el contrato que regula el saneamiento no especifica, según la magistrada, que deba hacerlo.
Para la jueza tampoco parece tener importancia el estudio de Análisis Ingenieros, en el que se concluye que Emalsa sólo acreditó el 11,9% de los servicios que dijo haber prestado en 2013 ni el proceso penal iniciado, a instancias de la Fiscalía, por un supuesto delito societario por el que están imputados 15 ejecutivos de Emalsa.
El pago de los 88,5 millones de euros que Saur y Valoriza han reclamado ante el juez al Ayuntamiento, en concepto de reparto de dividendos "no percibidos" desde el año 1993 es otro de los temas conflictivos que se abordarán. Emalsa presentó un recurso contencioso-administrativo a principios del pasado año para reclamar el pago de los dividendos.
Según puso de manifiesto el interventor en sus informes, los socios privados plantean desde 2014 la "insólita" petición de que se lleve a cabo un reparto de un total de 88,5 millones. Se supone que al Ayuntamiento le correspondería un 34% de esa cantidad.
El Ayuntamiento acaba de recibir una diligencia del juzgado solicitándole más información en relación con este asunto, a instancias de la empresa, con el objetivo de presentar una demanda. El concejal de Aguas y Alumbrado, Roberto Santana, informa de que el gobierno municipal está intentando convencer a los socios para que no presenten la demanda. Emalsa presentó un recurso en el juzgado número seis de lo Contencioso-Administrativo a principios de 2015. Santana atribuye esta acción judicial a la "falta de respuesta" del Ayuntamiento, "cuando le solicitó el 2 de octubre de 2014, un mecanismo para tener los recursos necesarios para la razonable retribución, porque desde 1993 no han percibido los dividendos". Añadió que desde el "primer consejo de administración que se celebró", tras la formación del nuevo gobierno, "se abordó ese tema y seguimos en esa fase de negociación para que no presenten la demanda. Es uno más de los líos que nos dejó Cardona sin resolver".
