Los jueces de Las Palmas de Gran Canaria han elaborado un informe en el que critican "la situación de incertidumbre e inseguridad" del LexNet, el sistema electrónico de gestión procesal implantando en las comunidades autónomas para posibilitar la comunicación telemática entre los juzgados y los operadores jurídicos.
Los jueces, tras una junta celebrada el día 5 de febrero, consideran que la Administración Pública, incluida la canaria, ha "incumplido" las previsiones establecidas legalmente para dotar a los órganos judiciales de los medios precisos para el desarrollo de la función jurisdiccional mediante el LexNet, que es obligatorio desde el 1 de enero y ha suscitado quejas de abogados, procurados y letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales). A esas quejas se suman ahora los magistrados, pues consideran que el problema supera la "simple improvisación" y la "modernización tecnológica de la Administración de Justicia de forma apresurada y sin previsión normativa".
El "expediente papel", añaden, "no va a desaparecer a corto ni medio plazo" porque se desconocen las herramientas y aplicaciones informáticas que van a implantarse, así como las fechas, los medios materiales y la incidencia que tales innovaciones tendrán en la forma de trabajar de jueces y magistrados.
Ese sistema "provisional y transitorio", subraya el informe, "no ofrece ventaja alguna" para ninguno de los interesados en la modernización de la Justicia, "demorando" el registro y reparto de demandas y escritos y "destinando" recursos materiales importantes pese a su "inoperatividad".
La situación es de "incertidumbre e inseguridad", aunque la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, tras conocer el informe de la junta de jueces, ha "mostrado la voluntad de informar y formar" previamente a cualquier implementación tecnológica.
Desde el Decanato de Las Palmas, para garantizar la tutela judicial efectiva ante dudas o incidencias que puedan condicionar el acceso a la justicia, permite en esta fase inicial la presentación en papel, al igual que los documentos que por su "peso" no tienen cabida en LexNet. En definitiva, "se puede decir" que el Gobierno canario ha cumplido con la primera exigencia a fecha de 1 de enero, pero falta la integración en el Atlante, que es el sistema usado por los jueces, la cual está prevista para finales de año.
