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Los taxistas planean llevar a la justicia el decreto de libranza de dos días

El edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, defiende que la medida estará a prueba durante cuatro meses y después el colectivo votará si le conviene o no

Los taxistas planean llevar a la justicia el decreto de libranza de dos días

Cerca de 300 taxistas de la capital pertenecientes a la Asociación Profesional del Teletaxi, las cooperativas de San Cristóbal y Las Palmas, la Asociación pro derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), la Asociación Teletaxi Las Palmas, Eurotaxi y Servitaxi volvieron ayer a manifestarse frente a las oficinas municipales en contra de librar dos días a las semana, tal y como ha decretado el gobierno municipal. Los trabajadores, que, de manera simbólica, enseñaron una tarjeta roja al tripartito, anunciaron que recurrirán a la vía judicial para frenar la decisión de Movilidad al no haber sido consultada con el sector. Para los manifestantes, la medida no es " un castigo" a las protestas del sector para que se arregle de una vez por todas las irregularidades que hay en la titularidad de algunas de las 1.640 licencias existentes en la capital.

El edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, reiteró ayer, por su parte, que la medida solo se aplicará durante cuatro meses -de marzo a junio-, después de los cuales el sector votará para ver si se aplica o no en función de sus intereses. "Ni se lo imponemos ni les quitamos la voz", aclaró el edil, que explicó que se ha tomado esta decisión porque hay "un número excesivo de licencias por mil habitantes" y que otras ciudades con similares características ya funcionan con un sistema de descanso.

"Era algo que teníamos que hacer. Sabemos que es una propuesta polémica, pero es solo una prueba, tras la cual decidirán ellos", dijo Ramírez, que añadió que la medida se tomó sin consenso tras "haber agotado todas las vías" con el colectivo. "Ha habido la misma polémica en otras ciudades, y las denuncias que han presentado se han perdido", recordó Ramírez, que subrayó que el Ayuntamiento tiene potestad para regular las concesiones administrativas.

La regulación de las libranzas - que por primera vez se aplicará en Las Palmas de Gran Canaria- ha dividido al sector. Por un lado, los que están a favor del descanso y los que se oponen a las libranzas porque entienden que como autónomos son ellos los que tienen que decidir cuándo libran.

Estos últimos son los que, la pasada semana, acordaron emprender una serie de paros - que continúan hoy y mañana - tras filtrarse al sector que el decreto estaba ya en las oficinas del Boletín Oficial de la Provincia. El presidente de la Asociación Profesional del Teletaxi, Gorki Betancourt, manifestó ayer que la medida no es más que una "castigo" de la administración local, que desde hace décadas, actúa así contra el sector cada vez que éste plantea solucionar la cuestión de la titularidad de las licencias.

En este sentido, añadió que las asociaciones han ofrecido al Ayuntamiento sus censos para que coteje el número de licencias y se llegue a un acuerdo "que no sea lesivo para nadie" con los llamados floteros.

"Para que los jubilados que tienen su licencia puedan pasársela mediante un acuerdo a titulares legítimos porque hay un montón de trabajadores asalariados que son legales, legítimos, pero no son asalariados de un titular legítimo. Hay que sentarse en una mesa de negociación y hacer un traspaso exprés, urgente. Buscar un justi precio para que no se le haga daño a nadie", puntualizó.

Respecto a esta cuestión, el edil de Movilidad subrayó que la medida "no es incompatible con acabar con las ilegalidades" y concretó que en estos 6 meses de gobierno tripartito se habían abierto "más de 100 expedientes" y se seguirá trabajando en esa línea, incluso "incrementando las inspecciones".

El presidente de la Asociación Profesional del Teletaxi anunció que estudian interponer un contencioso administrativo y solicitar medidas cautelares para parar, de momento, el decreto. "La administración no puede intervenir en el taxi salvo por una causa justificada de interés público y general que, en éste caso, no se da". Y para ello se refirió al decreto regional 74/2012 sobre Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

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