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Hidalgo desiste de recurrir y pagará a Emalsa 15,3 millones por el saneamiento

El tripartito llega a un acuerdo con la empresa, que le perdona 1,3 millones en intereses

Un camión de Sercanarias, filial de los socios privados que se encarga del servicio de mantenimiento del saneamiento. LP / DLP

El Gobierno tripartito ha renunciado a recurrir la sentencia que le obliga a abonar a Emalsa 6,6 millones por las facturas del servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado, supuestamente prestado entre enero de 2013 y abril de 2014 y que el anterior alcalde Juan José Cardona se negó a pagar porque la compañía mixta no acreditó la realización de dichos trabajos.

El alcalde Augusto Hidalgo asume de esta manera el fallo -que considera que la compañía mixta no está obligada a acreditar los trabajos- tras haber alcanzado un acuerdo con Emalsa para pagarle esos 6,6 millones, que reconoce la juez que hay que abonar, más 8,7 millones del saneamiento impagado entre mayo de 2014 y noviembre de 2015. A cambio, la compañía le perdona 1,35 millones en intereses de demora. En total son 15,3 los millones que reclama Emalsa y que el Ayuntamiento se ha comprometido a abonar, en "función de sus disponibilidades económicas", al considerar que hay "escasas" posibilidades de ganar el recurso de apelación.

El anterior responsable de la unidad técnica del Agua y exinterventor de Emalsa, Rafael Bolívar, se negó a abonar las facturas porque la empresa no acreditó haber realizado los servicios por los que pretendía cobrar. Se amparó además en un informe de Análisis Ingenieros, que concluyó que Emalsa sólo justificó haber ejecutado algo más del 10% de los trabajos.

Análisis Ingenieros sostiene también en uno de sus informe que la maraña de contratos entre Emalsa y Sercanarias -la empresa filial que crearon los socios privados para subcontratarle a dedo el mantenimiento del alcantarillado y otros trabajos- impide conocer los costes reales del servicio. La Fiscalía de Delitos Económicos ha impulsado la apertura de un proceso penal, en el que están imputados 15 ejecutivos de Emalsa, por las presuntas irregularidades detectadas en la subcontratación del saneamiento y otros servicios, al considerar que perjudican los intereses de la compañía mixta.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro, María del Carmen Monte Blanco, consideró, sin embargo, que Emalsa no tiene que acreditar los servicios prestados, porque el contrato de saneamiento de 1998 sólo exige, como criterio para cobrar, los metros cúbicos de agua facturados. Pese a ello, la magistrada rechazó la otra reclamación de Emalsa para que se reconociera su derecho a cobrar sin presentar documentación alguna. La magistrada dictó esta sentencia el 29 de enero pasado, sin haber llamado a declarar a Bolívar -tampoco lo citó el letrado del Ayuntamiento- y pocos días antes de que llegara una documentación de mil folios acompañando a un segundo informe que el exinterventor entregó a los asesoría jurídica en septiembre de 2015 y que, no se sabe por qué razón, tardó tanto tiempo en llegar al juzgado.

En dicho informe, aseguran fuentes municipales, se aportan datos sobre los incumplimientos del servicio y el mismo día en que se notificó la sentencia, la juez dio por incorporada esa documentación a los autos.

Tanto el alcalde como el concejal de Aguas, Roberto Santana, eludieron ayer realizar declaraciones sobre la renuncia a recurrir la sentencia y se limitaron a emitir un comunicado en el que justifican la decisión por la necesidad de ahorrarle a la ciudad 1,3 millones en intereses de demora que Emalsa renuncia a reclamar. La juez había fijado el pago de 628.553,99 euros en intereses de demora, correspondientes a las facturas de enero de 2013 a abril de 2014, que ya va por un millón.

Además de esta cantidad, añade el gobierno local, las arcas municipales se ahorran más de 300.000 euros por los intereses de lo adeudado hasta noviembre de 2015. "Emalsa se compromete también a no reclamar judicialmente los 8,7 millones que se le deben a la compañía por el saneamiento impagado entre mayo de 2014 y noviembre de 2015".

El tripartito defiende la "solidez" de los argumentos de la sentencia y sostiene que ha sido esa la razón que ha llevado a la "asesoría jurídica municipal a recomendar no presentar recurso", en "defensa del interés general", porque ello "supondría un desembolso aún mayor, ya que los intereses se van incrementando " y en caso de perder el juicio, habría que pagar "más de nueve millones.

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