La Fiscalía de Las Palmas ha archivado la investigación abierta al Gobierno de Canarias por la adjudicación a la empresa autónoma Gesplan de los accesos a la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía descarta que exista prevaricación administrativa en los dos proyectos, los cuales ascendieron a 373.793 euros y fueron encargados en noviembre de 2013 por la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario para evitar el colapso en la Vega de San José ante la apertura del edificio judicial.
El ministerio público abrió diligencias el 11 de marzo del año pasado, tras la denuncia presentada por la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoras de Las Palmas (Ainco), cuyo presidente, Agustín Roso, advirtió hasta siete irregularidades en la ejecución de los dos contratos. La primera obra consistió en abrir los accesos a la Vega de San José y a la Ciudad de la Justicia a través de los jardines Manolo Millares (186.912 euros), y la segunda en la adecuación urbanística de esos enlaces con la Avenida Marítima (186.881 euros).
La supuesta ilegalidad más relevante, quizá, es la referida al fraccionamiento del proyecto para poder adjudicárselo a Gesplan mediante un procedimiento negociado sin publicidad, o sea, a dedo, pues los nombres de los contratos son casi iguales, tienen números de expediente consecutivos y los importes se acercan a los 200.000 euros, que es la cantidad límite establecido para no aplicar el procedimiento ordinario de contratación pública.
Dudas razonables
La fiscal Micaela Martín considera que Obras Públicas "pudo omitir" las normas del procedimiento aplicable en el fraccionamiento y la declaración de urgencia, pero rechaza que exista prevaricación porque "no ocasionó un resultado materialmente injusto", recoge el decreto de archivo, que fue notificado en noviembre.
La fiscal añade que la división de los proyectos no tiene relevancia penal porque "primó el interés general" y, por tanto, esa posible ilegalidad hay que analizarla en la jurisdicción contencioso administrativa, un criterio jurisprudencial, el de la duda a favor del denunciado, que aplica en el resto de cuestiones planteadas.
La asociación Ainco, que representa a la mayoría de las empresas de ingeniería y consultorías de la provincia de Las Palmas, ha anunciado que presentará una denuncia directamente en el decanato de los juzgados capitalinos al no compartir el sobreseimiento del ministerio público.
El decreto de archivo está fundamentado en 12 folios de abundante jurisprudencia sobre las características de la prevaricación, pero el colectivo considera que no se da una respuesta satisfactoria a cada una de las infracciones denunciadas, entre otros motivos porque Obras Públicas ni siquiera remitió a la Fiscalía la documentación solicitada para evaluar si existen o no indicios de prevaricación. En concreto se reclamó "copia testimoniada de la memoria, informe técnico, informe jurídico y resolución administrativa de los dos expedientes, pero la fiscal emitió su informe sin haber recibido dicha documentación, según consta en la misma diligencia de sobreseimiento.
Ainco insiste en que las adjudicaciones fueron "ilegales" porque en el objeto social de Gesplan no figura la contratación con la administración pública.
También aprecia "deficiencias formales y legales", como la falta de identificación del redactor de los proyectos y la carencia de un seguro de responsabilidad civil. Asimismo entiende que se debió convocar un concurso público al tratarse de una nueva carretera y no de un mero tramo; que existe fraude de ley por la declaración de urgencia del proyecto; que el Ejecutivo regional incumple la Ley de Transparencia y Buen Gobierno al no facilitar los expedientes, y acusa a Gesplan de falsedad porque el proyecto lo hizo Consultora Apia XXI, que, además, estaba inhabilitada para realizar colaboraciones de este tipo.
La fiscal, en cambio, considera que la gravedad de la mayoría de las infracciones no exceden el ámbito administrativo; asegura que la urgencia está justificada por la apertura del edificio, y aplica el criterio de la "duda razonable" sobre la competencia urbanizadora de Gesplan.
