La Audiencia de Las Palmas ha reservado las dos próximas semanas para enjuiciar a una banda de supuestos traficantes de droga que fueron detenidos en 2004, tras comprar un velero en Miami para transportar a Gran Canaria 452 kilogramos de cocaína procedente de Venezuela, según las conclusiones provisionales del ministerio público.

La Fiscalía de Las Palmas, que solicita penas entre 5 y 16 años de cárcel, acusa a 15 personas: Alfonso Jacobo C. M., Mahy M. S., Luis Fernando G. E., José Manuel S. S. , Carmelo Julián S. M., Mario Higinio B. S., Robert J. M., José Alberto A. A., Carlos Leandro I. F., Juan Melchor R. B., Juan Antonio S. S., María del Carmen D. P., Alicia de G. A., Giovanna B. y Roberto A. B. Algunos, añade el fiscal en su escrito de acusación, están "en paradero desconocido".

La investigación la llevó el Grupo I de la Udyco de la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas y comenzó en 2003, tras detectar los agentes que un grupo organizado planeaba importar cocaína desde Venezuela. Los líderes del grupo, tras negociar con proveedores sudamericanos la compraventa de la droga, adquirieron en Miami el velero Chrysalis, que es propiedad de Robert J. M. y José Alberto A. A. Se trata del barco que fue abordado en aguas internacionales el 11 de julio de 2004 por el Cuerpo Nacional de Policía, con 17 fardos que contenían 452 kilogramos de cocaína de gran pureza (70,84 %), cuyo valor en el mercado se estima en 14,9 millones de euros.

Al abordaje de la policía le siguieron registros en la capital grancanaria, en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife, con la incautación de pequeñas cantidades de hachís, dinero en efectivo, coches del alta gama, motos, barcos y numerosas propiedades inmobiliarias.

El fiscal atribuye labores de financiación, distribución de roles, negociación y control de la droga adquirida a seis de los acusados: Alfonso Jacobo, Juan Melchor, Mahy, José Alberto, Juan Antonio y José Manuel, con viajes al Caribe para supervisar la operación, ingresos de dinero y labores de vigilancia para transportarla de manera segura.

La Fiscalía también acusa de blanqueo de capitales (receptación) a dos mujeres relacionadas con Alfonso Jacobo y Mahy, pues eran titulares de las sociedades supuestamente utilizadas por ambos empresarios para darle "legitimidad" a los "pingues beneficios" procedentes del "narcotráfico".

Esas compañías son Agrovit Canarias SL, Explotaciones Vitivinícolas SL, y Abonos y Fertilizantes SL por parte de Alfonso, así como de 100 Previva por parte de Mahy.