Apenas dos días ha durado la implantación del sistema de libranza obligatoria en el sector del taxi. El Ayuntamiento se ha visto obligado a dar marcha a atrás y a dejar sin efecto los dos días libres a la semana, por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco, que ha suspendido cautelarmente la resolución municipal mientras estudia el recurso presentado por un grupo de 64 taxistas titulares de licencias.
Los profesionales denunciaron que la medida municipal atenta contra sus derechos fundamentales y supone "irreparables perjuicios", tanto para los autónomos como para los asalariados y el interés general, pues calculan que se pierden unos 250 puestos de trabajo.
El auto dictado por el magistrado Ángel Teba no entra a valorar si la imposición de los días libres es legal o no y se limita a aceptar la medida cautelarísima que han solicitado los taxistas, ante la posibilidad de que se produzcan daños irreversibles. Así, los taxistas vuelven hoy a su jornada habitual y serán ellos los que decidan cuando libran y cuántos días. El gobierno tripartito tiene ahora tres días para presentar alegaciones contra la suspensión cautelar y Transportes notificaba ayer por la tarde la eliminación de la libranza a los 1.640 titulares.
Respaldo
Los denunciantes, que aseguran contar con el respaldo de más de 200 autónomos, anunciaron ayer que presentarán una demanda contra el Ayuntamiento, por el dinero que han dejado de percibir los titulares de 820 licencias que tuvieron que librar el lunes y martes, una cantidad que supera los 115.000 euros, a los que añadirán los gastos de la tramitación judicial.
El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, informó de que los servicios jurídicos municipales trabajaban ayer en las alegaciones a la decisión judicial y expresó su confianza en que el magistrado levante la suspensión en una semana o diez días, cuando escuche los argumentos del Ayuntamiento. "En Córdoba pasó algo similar y el juez finalmente le dio la razón al Ayuntamiento", señaló Ramírez.
Por su parte, los denunciantes que han logrado la suspensión cautelar pidieron ayer la dimisión del edil Ramírez y el director general de Movilidad, Heriberto Dávila. "¡Hemos parado la medida!", exclamaba poco después del mediodía de ayer Gorki Bethencourt, presidente de la Asociación de Teletaxi, uno de los cuatro pequeños colectivos de autónomos que se han opuesto a la medida, como la Asociación pro derechos del Taxista Autónomo de Canarias, Eurotaxi y Servitaxi. "Celebramos la suspensión porque es una medida que nos iba a causar graves perjuicios, como responsables de pequeñas emisoras, pues nos abocaría a la ruina, ya que los días libres nos impiden tener el personal necesario para hacer frente al servicio. Teníamos un riesgo elevado de desaparecer en esos cuatro meses de prueba".
La Asociación de Asalariados, que lidera María Eugenia García y que también pidió la suspensión cautelar, aunque esta reclamación aún no ha sido resuelta, aplaudió la decisión del juez. Uno de los miembros de la Asociación de Asalariados, José Cristóbal García, quiso desmarcarse de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), la organización mayoritaria, y de las cooperativas de San Cristóbal y Las Palmas, que también se oponen a la libranza, a los que criticó por no recurrir la resolución municipal, con el argumento de que no iba a prosperar. "No recurrieron", añadió, "pero la abogada de la cooperativa de San Cristóbal llamó al abogado de los 64 titulares", Nicolás Rodríguez Castellano, para "conocer su estrategia. Creo que no hubo buena fe por su parte". García advirtió que "mientras no cesen a la jefa de Transporte del Ayuntamiento, a algunos miembros de los servicios jurídicos municipales y al jefe de la Policía Local, el gobierno municipal no va a poder acabar con la explotación irregular de licencias".
"El Ayuntamiento", criticó Juan Jiménez Suárez, presidente de Servitaxi, "ha vulnerado nuestro derecho a trabajar. Sólo somos autónomos para pagar impuestos".
Por su parte, Bethencourt se mostró contrario al rescate de 400 licencias que plantea la ATAT y negó que haya exceso de licencias. A su juicio, "no tiene sentido rescatar licencias con dinero público. Todas las licencias tienen que estar en manos de titulares legítimos, antes de plantearse el día libre, porque la explotación irregular del taxi está falseando la realidad. Luego hay que hacer un estudio socioeconómico fiable que demuestre que haya exceso de licencias".
Al margen de la medida urgente de suspensión cautelar, el juez tendrá que entrar ahora en el fondo del recurso contencioso presentado por los taxistas, que reclaman que se anule la resolución administrativa del descanso semanal.
Los profesionales se basaron también, para apoyar su petición de suspensión, en que la resolución constituye una "intromisión grave en el principio de libre empresa", ya que "las licencias han sido otorgadas a autónomos, que asumen los riesgos de todo tipo... y ahora ven peligrar sus inversiones de tiempo y de dinero". Añade que el "exceso de oferta" se produce porque "se ha ido permitiendo durante años que el 40% de las licencias sean ilícitas", porque están en manos de jubilados y viudas, que perciben además sus pensiones del Estado.
