La Asociación de Asalariados del Taxi ha provocado una nueva suspensión de la resolución de la libranza obligatoria, la segunda que se dicta en tres días. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos ha sido en esta ocasión el que ha ordenado la derogación cautelar de la implantación de los dos días libres, que ya estaba en vigor desde el pasado miércoles, y ha convocado al Ayuntamiento de la capital grancanaria y a la persona que recurrió la resolución municipal, la presidenta de la Asociación de Asalariados, María Eugenia García Rocha, a una vista oral, que tendrá lugar hoy. La magistrada Esperanza Ramírez esgrime en su auto argumentos similares a los que planteó el juzgado de lo contencioso administrativo número cinco el pasado martes cuando suspendió por primera vez la normativa, al estimar un recurso de 64 titulares de licencias de taxis, que pedían la suspensión cautelar. La juez justifica la suspensión para evitar el posible perjuicio que podría ocasionar la medida según la recurrente, y ha pedido a ambas partes que se personen en el juzgado para que planteen sus argumentos en defensa de la suspensión o a favor del levantamiento de la misma.
Mientras tanto, el desconcierto crece en el sector, que no sabe a qué atenerse porque desconoce lo que ocurrirá cuando ambos jueces escuchen las alegaciones que los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentarán hoy para defender la legalidad del sistema de libranza obligatorio en el taxi de la capital. Los que están en contra de los días de descanso obligatorio seguían ayer celebrando la anulación cautelar y los que están a favor, se quejaban de la vuelta a un sistema en el que, aseguran, se saca menos rentabilidad a la jornada de trabajo. La doble suspensión del día libre no ha hecho más que agudizar el enfrentamiento entre los partidarios y detractores de la medida municipal.
María Eugenia García planteó en su recurso, presentado el pasado viernes, que la implantación de los dos días libres va a suponer el despido de 246 asalariados del taxi. A juicio de García Rocha, la medida "vulnera los derechos básicos recogidos en nuestra legislación, creando una daño irreparable a los trabajadores del taxi. La aplicación inmediata de la medida", advierte el recurso, "supone un impacto directo sobre los intereses de un colectivo de trabajadores, que están vinculados contractualmente con el titular de la licencia del taxi y no con el Ayuntamiento, que con su aplicación está interfiriendo en las relaciones laborales reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores y las condiciones establecidas en las adjudicaciones de las licencias municipales, al tratarse de un servicio permanente no sujeto a restricción o limitación horaria, lo que conlleva la reparación de daños y perjuicios a los titulares de dichas licencias, en perjuicio de los fondos públicos".
García Rocha considera que la resolución que ampara la libranza obligatoria está "insuficientemente motivada" y critica al Ayuntamiento por "ampararse" en la crisis para justificar la medida, "precisamente ahora, en que se empieza a ver una recuperación económica". Rocha anunció la presentación, dentro de unos días, de una denuncia contra el gobierno tripartito, ya que a su juicio, "está intentando amparar el fraude" que supone que viudas y jubilados sigan al frente de sus licencias.
Al respecto, añadió que lo que tiene que hace el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, es revocar ya las licencias que están en manos de jubilados y viudas. "El concejal es una marioneta del Partido Socialista y no tiene valor para enfrentarse al problema. Voy a solicitar la vida laboral de todos los titulares del taxi. Con la implantación del día libre está normalizando una situación totalmente ilegal, porque los que van a votar dentro de cuatro meses el día libre son los jubilados", sostuvo. La taxista añadió que peleó contra "Cardona en defensa del taxi y voy a seguir luchando contra los socialistas, porque lo que quieren ellos es tapar y sería muy loable que algún representante político empezara a destapar las irregularidades, no para agredir a nadie, sino para arreglar las cosas".
"Es una irresponsabilidad", sostuvo, "que se ponga en marcha esta prueba, sabiendo que va a votar un censo ilegítimo y que el concejal esté permitiendo que se siga dando de alta como autónomos a titulares jubilados".
