La investigación por delito societario contra Emalsa sigue pendiente de los informes periciales encargados por el juez para determinar si existe un daño patrimonial. La Fiscalía de Delitos Económicos ha pedido a la empresa más documentación para que los expertos contables puedan terminar su trabajo. Asimismo ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 6 que cite como testigo al ex interventor municipal de Emalsa Rafael Bolívar.
La comparecencia del técnico fue solicitada por la fiscal Eva Ríos a finales del mes pasado y posiblemente se acuerde para después de Semana Santa, según fuentes judiciales. El magistrado Luis Galván quiere interrogar a Bolívar sobre los cinco informes que el funcionario elaboró en los 18 meses de intervención administrativa, en los cuales detalla hasta 14 incumplimientos contractuales. La facturación de esos servicios a Sercanarias, filial de los socios privados, el cumplimiento de los contratos y la remuneración de los consejeros son el núcleo de la investigación.
La empresa, en cambio, ha decidido querellarse contra Bolívar por falsedad documental, según un acuerdo del consejo de administración. Esa decisión, que parece encaminada a neutralizar los informes del funcionario, fue aprobada con la abstención de los representantes municipales. Emalsa también ha ganado un pleito que obliga al Ayuntamiento a pagar 7,2 millones por el mantenimiento de la red de saneamiento entre enero de 2013 y abril de 2014, unas facturas que Bolívar se negó a firmar porque no estaba acreditada la prestación del servicio.
