La legalidad del sistema de libranza para los taxistas promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue en el aire. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos ha rechazado las alegaciones del Consistorio capitalino contra la medida cautelar que suspende la implantación dos días libres obligatorios para el sector del taxi, según recoge el auto dictado ayer tras la vista oral a la que asistieron el letrado del Ejecutivo local y la denunciante, la presidenta de la Asociación de Asalariados, María Eugenia García Rocha. El tripartito dispone de 15 días para recurrir la decisión de la magistrada Esperanza Ramírez.
El Ayuntamiento apela a una normativa que regula el sector del taxi para establecer la prueba del sistema de libranza. Se trata de la Ley 13/2007 del 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias en la que se establece que "las entidades públicas competentes regularán mediante norma reglamentaria la normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de descanso y las vacaciones".
Asimismo, según señaló el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, "la anterior corporación aprobó la ordenanza del 12 de julio de 2014 que también faculta al Ayuntamiento para esto". El edil también aseveró que "hay muchas ciudades españolas y canarias en las que los consistorios regulan el sistema de libranza", por lo que entiende que en la capital grancanaria "también puede ser así". Además, señaló que los taxistas demandantes "alegan pérdidas económicas y de puestos de trabajo que no están argumentadas de forma específica".
Pérdida de empleo
Sin embargo, María Eugenia García cuestiona la libranza de las dos jornadas impuestas por el Ayuntamiento al considerar que "se reestructura el sector de arriba a abajo pero con la titularidad ilegítima". Su abogado, Bruno Armas Domínguez, aseveró que "el descanso supone que se muchos asalariados puedan perder sus puestos de trabajo con la modificación de sus condiciones laborales por la aplicación de esta orden". Según el letrado, con la aplicación inmediata de la medida, unos 240 taxistas asalariados podrían quedarse sin empleo".
