La fiscal delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, interrogó ayer en calidad de testigo a Rafael Bolívar, el funcionario que estuvo 18 meses como interventor administrativo en la Empresa de Aguas de Las Palmas (Emalsa), tras aprobar el anterior gobierno municipal un plan para revisar los contratos y aumentar el control sobre los gestores privados de la entidad mixta. El técnico se ratificó en sus cinco informes y explicó a la Fiscalía el trabajo realizado, sobre todo las conclusiones de su quinto y último dictamen, donde revela hasta 14 incumplimientos contractuales y recomienda al Ayuntamiento la resolución de los acuerdos por la imposibilidad de garantizar que los adjudicatarios cumplan las obligaciones asumidas en la concesión del servicio.
Bolívar, que fue cesado como jefe municipal de la Unidad Técnica del Agua y trasladado a Emergencias tras sus labor de interventor en Emalsa, testificó ante el ministerio público durante tres horas: entró a la Ciudad de la Justicia a las diez, con semblante serio, y salió sobre la una con la misma determinación en el rostro, quizá porque la fiscal lo ha vuelto a citar para una segunda declaración a finales de esta semana.
Y es que el conocimiento del funcionario sobre Emalsa parece clave para el ministerio público, tanto en la investigación en curso, que va dirigida contra la junta de gobierno local por obviar los informes de Bolívar, como para la que tramita desde finales de 2013 el Juzgado de Instrucción número 6 contra los socios privados por supuestos delitos societarios (la fiscal ha pedido su declaración en este otro procedimiento y el juez deberá acordarla para las próximas semanas).
Un patrimonio en riesgo
La nueva investigación de la Fiscalía, igual que la anterior, obedece a una denuncia presentada por el exalcalde y concejal del PP en la oposición Juan José Cardona, que acusa a la junta de gobierno local de poner en riesgo el patrimonio hidráulico al crear un nuevo comité asesor y desechar las advertencias de Bolívar.
El edil popular, que declaró el lunes en Fiscalía como denunciante, considera que el tripartido ha podido incurrir en los delitos de prevaricación y administración desleal al tramitar un expediente "artificial" para crear el nuevo comité asesor, con la finalidad dejar el control de Emalsa en manos de su consejo de administración, tras disolver el grupo de seis funcionarios designados en su mandato para aumentar el control público de Emalsa, entre ellos Bolívar como interventor.
Entre los incumplimientos que denuncia Cardona destaca la cláusula de la concesión administrativa 9.7, que establece un fondo de reposición para asegurar la devolución de los bienes en buenas condiciones. Asimismo, según la denuncia, tampoco se cumple con el fondo para amortizar las instalaciones industriales.
La letra pequeña de esos supuestos incumplimientos, con sus repercusiones en el saneamiento y la depuración del agua, que son dos de los principales contratos bajo sospecha, es lo que trata de desmenuzar la fiscal con la ayuda del autor de los informes.
Las tres primeras horas de Bolívar ante el ministerio público han resultado insuficientes para abordar los cinco informes. Por eso, ante la complejidad del expediente, el testigo ha sido emplazado a continuar con su declaración el viernes.
El descontrol público sobre la gestión de Emalsa no es nuevo, sino un problema heredado por los diferentes gobiernos locales desde la concesión administrativa en 1992, que es cuando el Ayuntamiento sacó a concurso el negocio del agua en Las Palmas de Gran Canaria y se lo adjudicó en 1993, con el socialista Emilio Mayoral de alcalde, a la Unión Temporal de Empresas Saur Internacional-Unelco (esta vendió su parte en 2005 a Valoriza-Sacyr).
Tras ese acuerdo plenario de privatización parcial, el Ayuntamiento se quedó con el 34 % de las acciones y los empresarios con el resto del capital social. El titular del servicio, por tanto, perdió la mayoría en el Consejo de Administración, sin que desde entonces se haya hecho una supervisión eficaz de la gestión.
Cardona acusa en su denuncia al tripartito (PSOE, Las Palmas Puede y NC) de perpetuar esa dinámica al rechazar la labor del interventor administrativo de Emalsa y crear otro comité asesor que seguirá las recomendaciones de KPGM, una consultora contratada a instancias de los socios privados a la que Bolívar puso reparos. Los tres funcionarios que integran ese nuevo comité están citados hoy como testigos en la Fiscalía de Delitos Económicos.
