El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, asegura que la denuncia del concejal Juan José Cardona contra su gobierno por obviar los informes del exinterventor de Emalsa carece "rigor". El regidor y presidente de la empresa mixta de aguas considera "disparatado" que tres técnicos municipales declarasen ayer como testigos ante la Fiscalía, cuya delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos ha abierto una investigación contra la junta de gobierno local por supuesta administración desleal.
Hidalgo cuestionó la investigación del ministerio público durante un receso del consejo de administración de Emalsa, que se reunió para aprobar las cuentas de 2015. El regidor explicó que ascienden a 55 millones, que hay 900.000 euros de pérdidas y que la compañía pedirá un crédito de cuatro millones para afrontar los gastos corrientes. El alcalde responsabilizó de ese préstamo a Cardona, pues el Ayuntamiento adeuda 20,4 millones a Emalsa por no pagarle las facturas del saneamiento en el mandato anterior. Eso compromete el "fondo de maniobra", que es de 20,5 millones y, por tanto, sólo hay disponibles 100.000 euros para los gastos de funcionamiento.
Emalsa también acordó elaborar un plan de pago con el Ayuntamiento para cobrar esa deuda y, a cambio, la empresa renuncia a reclamar más de tres millones por los intereses de demora de las facturas impagadas. El acuerdo final, sin embargo, tendrá que esperar dos meses, pues se ha pedido un informe al Ministerio de Hacienda para evaluar su repercusión en el techo de gasto y el presupuesto municipal.
Hidalgo asegura que hay liquidez para pagar, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide gastar más del tope que el Estado impone. Ese límite se puede superar para abonar una deuda, pero las facturas impagadas no están consignadas en este caso como deuda reconocida a Emalsa. "Nos dejaron un agujero de 20 millones y ninguna fórmula para arreglarlo", afirma el regidor. Su gobierno ha decidido no recurrir la primera sentencia en contra, que asciende a siete millones, con la finalidad de negociar el total de la deuda y ahorrarse los intereses.
Y mientras Emalsa adoptaba esos acuerdos en su sede de Siete Palmas, la fiscal interrogaba a los tres técnicos para aclarar si el tripartito (PSOE, Las Palmas y NC) ha puesto en peligro el patrimonio hidráulico al desechar los informes de la intervención, crear un nuevo comité asesor y concederle a la consultora KPMG la función de garante de los acuerdos. Eso, según la denuncia de Cardona, supone renunciar al control público de la entidad y dejarlo en manos de la consultora, cuyos abogados han elaborado un dossier que servirá de base al nuevo comité asesor.
Este órgano, que está integrado por los funcionarios Benito Cabrera, Miguel Ángel Padrón y Juan Sáez, fue creado el pasado 14 de enero por la junta de gobierno local. Hidalgo considera "disparatado" que los citen a declarar a los técnicos porque acaban de desembarcar en Emalsa. "Estamos tomando decisiones para normalizar la relación e ir al meollo del asunto, que es la revisión de los contratos", destaca el regidor.
