"Ya es tiempo y hay condiciones para abordarlo con rigor". "Ha llegado la hora de pasar de las declaraciones institucionales a los hechos para empezar a hablar de las alternativas". Estas afirmaciones de dos diputados canarios resumieron ayer el espíritu con el que la comisión de Defensa del Congreso abordó el debate sobre el traslado de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria a una ubicación fuera de la ciudad y la recuperación de esos terrenos para uso ciudadano. Aunque con diferentes matices, todos los grupos parlamentarios de la cámara (salvo el PNV, que se abstuvo) dieron luz verde a una iniciativa del diputado por Las Palmas Pedro Quevedo, de NC, en la que se apuesta por que todas las instituciones implicadas en esta cuestión empiecen ya a estudiar las alternativas y no aplacen más lo que la mayoría de portavoces reconocieron como un deseo de los habitantes de la capital grancanaria.
La resolución aprobada, que integraba sendas enmiendas del PSOE y PP, rebajó en parte la propuesta inicial de Quevedo ya que ésta reclamaba al ministerio de Defensa que renuncie a su planteamiento de coste cero para el Estado y a que la financiación de la operación sea asumida al completo por las instituciones canarias. El texto aprobado se limita a señalar en este sentido que "definir las posibles vías para la cesión del espacio de la Base Naval", así como "las fórmulas de financiación y/o contraprestaciones" alternativas serán algunas de las funciones que deberá asumir ese grupo de trabajo.
Este grupo estaría formado, según la propuesta aprobada, por el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y su objetivo sería "determinar el futuro de un área clave" para la capital grancanaria, "tanto por su contacto con el mar" como por "constituir potencialmente receptor de equipamientos y dotaciones destinados al espacio público y de ocio de los ciudadanos".
La iniciativa plantea que ese grupo "interdisciplinar" debe estudiar también las "posibles alternativas" de ubicación de la Base Naval, que en todo caso debe reunir "los requisitos operativos, logísticos y estratégicos necesarios para las Fuerzas Armadas y la Defensa", así como "estimar el coste de acondicionamiento del nuevo emplazamiento y construcción de las instalaciones necesarias" y el "periodo de ejecución" de las mismas. Es decir, básicamente los criterios expuestos con anterioridad por el Ministerio de Defensa para acceder a una operación de este tipo.
Con todo, los distintos grupos valoraron como paso adelante el acuerdo parlamentario para instar a las instituciones mencionadas al inicio de esos trabajos de estudio, y la mayoría consideraron que se dan las circunstancias políticas para solucionar "un asunto que dura en la preocupación de los habitantes de la capital", según Quevedo. El diputado de NC afirmó que "es tiempo ya de abordar este asunto con todas las cautelas" y que "Canarias ha reiterado su voluntad de ser tierra de paz, pero también sensible a la situación estratégica y que la defensa tiene que estar garantizada y resuelta desde la máxima eficacia".
Quevedo destacó que la iniciativa propone una "respuesta rigurosa", reconociendo que "no es sencillo", pero que "puede resolverse". Recordó que un informe jurídico indicó que la expropiación de los terrenos en 1940 por el Estado se llevó a cabo "incumpliendo todos los requisitos", y consideró que "no es razonable" que el ministerio pretenda ahora "que la ciudad tenga que pagar el traslado". "Ya es tiempo y hay condiciones para estudiar las cosas con rigor, no estamos planteando una decisión inmediata ni un debilitamiento de la defensa de Canarias, sino que las instituciones afectadas formulen una hoja de ruta que plantee desde las posibles ubicaciones eficaces, hasta las posibles vías de financiación", recalcó Quevedo.
Un paso más
Por parte del PSOE, Sebastián Franquis declaró que la propuesta "no debe escandalizar a nadie, ni va contra nadie", y reseñó que Canarias y la propia capital grancanaria "tienen cultura de llegar a acuerdos con el ministerio de Defensa". "Ya se han dado muchos casos de traslado de otras instalaciones militares para darle uso público y ciudadanos", recordó antes de considerar que "estamos en el momento apropiado para dar un paso más y que los responsables políticos y técnicos se sienten a hablar sobre las posibilidades de llevar la Base Naval a otro lugar". "Hablamos de recuperar el espacio para uso ciudadanos, de facilitar accesibilidad y mejorar la movilidad entre la zona del Puerto y el centro de la capital", comentó el diputado socialista por Las Palmas.
El PP apoyó finalmente la propuesta tras introducir una pequeña modificación y pese a las reticencias iniciales del Ministerio de Defensa. Los populares lograron poner un condicional en la redacción sobre la posible recuperación de la Base Naval para la ciudad, pero su portavoz, Guillermo Mariscal, insistió en que "nadie ha dado hasta ahora con ese lugar alternativo" para ubicar la base, y recordó que, independientemente de quién asuma el coste del traslado, "quien finalmente pagará, serán los ciudadanos". Mariscal, sin dejar de apoyar el traslado, trató de poner en valor la seguridad de Canarias y la participación de la Armada en misiones internacionales, y pide a los socialistas que sus socios de Gobierno en la capital grancanaria no "escupan" cuando pasen ante la Base Naval.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz en Defensa, Francisco Javier Cano, se mostró comprensivo con los planteamientos del ministerio para que el traslado no tenga coste efectivo ni afecte a los criterios de defensa y operatividad de la base, mientras que desde Podemos, Félix Alonso calificó de "botín de guerra" la expropiación de los terrenos en 1940 y recordó el 'no' de Canarias al referéndum de la OTAN hace justo ahora 30 años. "Es un tema recurrente del que seguro tendremos que seguir hablando", expuso.
