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Emalsa La denuncia contra el gobierno local

La Fiscalía investiga el pago de facturas rechazadas por el interventor de Emalsa

Una sentencia reconoce la deuda, pero el alcalde renuncia a recurrirla pese a los incumplimientos en la limpieza de alcantarillas

La Fiscalía investiga el pago de facturas rechazadas por el interventor de Emalsa

El exinterventor municipal de Emalsa, Rafael Bolívar, deberá comparecer hoy como testigo ante la Fiscalía de Las Palmas por la denuncia presentada por Juan José Cardona contra la junta de gobierno local. El concejal del PP en la oposición acusa al tripartito de Augusto Hidalgo (PSOE, Las Palmas Puede y NC) de desoír los informes del interventor, crear un nuevo comité asesor y conceder a KPMG Abogados el papel de garante y mediador de los acuerdos a revisar. La fiscal ha abierto diligencias por administración desleal para aclarar si esas decisiones son perjudiciales para los intereses de la ciudad y, entre otros asuntos, investiga la orden política de no recurrir una sentencia que obliga a pagar a Emalsa 7,2 millones por el servicio de saneamiento, esto es, por la limpieza y el mantenimiento de la red de alcantarillado.

Bolívar, que fue cesado como jefe de la Unidad Técnica del Agua y trasladado a Emergencias tras su labor de fiscalización en Emalsa, acude por segunda vez esta semana a Fiscalía. La delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, lo interrogó el martes durante tres horas y, ante la imposibilidad de abordar los cincos informes elaborados en la intervención, lo ha vuelto a citar para hoy, con la finalidad de analizar los 14 incumplimientos detectados en esos 18 meses de control administrativo.

Una de las anomalías halladas en la prestación de los servicios afecta de lleno al contrato de saneamiento. El técnico se negó a firmar las facturas de Emalsa al considerar que la compañía no ha justificaba los trabajos. Cardona, por ese motivo, dejó de pagar los casi cinco millones anuales establecidos por ese concepto. La entidad recurrió y, en febrero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 le dio la razón, con el argumento de que la obligación de pagar existe y no está supeditada a que la adjudicataria acredite o no las labores hechas, según establece el contrato suscrito en 1998, con el popular José Manuel Soria como alcalde.

La sentencia, por tanto, fija una deuda de 7,2 millones (6,6 más 600.000 euros en intereses de demora) a favor de Emalsa, pero está dictada en primera instancia, es decir, podría haber sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El gobierno local, en cambio, renunció a la apelación, con el argumento principal de negociar con la empresa la liquidación de toda la deuda a cambio de que ésta no exija los intereses (la sentencia afecta a las facturas de enero de 2013 a abril de 2014, pero los impagados llegan hasta diciembre del año pasado). En conjunto se deben 20,4 millones, de los que el Ayuntamiento pretende ahorrarse más de tres millones en intereses, según el acuerdo anunciado por Hidalgo tras el consejo de administración celebrado el pasado miércoles.

La fiscal, sin embargo, investiga los motivos que han llevado al Ayuntamiento a no recurrir esa sentencia y, sobre todo, si existe un perjuicio patrimonial para la ciudad, entre otros motivos porque el ex jefe de la Unidad de Aguas, Bolívar, sostiene en sus informes que Emalsa no ha justificado los trabajos que quiere cobrar.

La fuentes judiciales consideran muy difícil demostrar ese daño, pero la denuncia de Cardona, que se ratificó el lunes ante la Fiscal, apunta esa posibilidad. El exalcalde, además de administración desleal, cree que puede haber malversación y prevaricación, pues considera que el gobierno actual no sólo ha omitido los informes de la intervención hecha en su mandato, sino que ha creado otro comité asesor y ha encargado nuevos informes a KPMG para dejar el control de Emalsa en manos del consejo de administración, en donde la Corporación está en minoría al tener Saur y Valoriza el 66 % de las acciones.

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