Un funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria irá a juicio por cobrar a tres vecinos a cambio de hacer gestiones relacionadas con sus viviendas según las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Se trata de Diego Cabrera Arencibia, que trabajó en Tributos y se jubiló en 2014, para luego presentarse a las elecciones municipales e insulares como candidato del PP (fue de número ocho en Ingenio y en los últimos puestos de la lista al Cabildo).
Los hechos ocurrieron en 2008 y en 2009, la causa se dirigió contra Cabrera en 2010 y el fiscal formuló acusación en abril de 2012. El expediente se remitió al juzgado de lo penal para la celebración de juicio oral, pero un error en la tramitación ha motivo que vuelva al Juzgado de Instrucción número 1. Allí, el pasado lunes, se celebró una vista para concretar las imputaciones, pues uno de los posibles delitos es competencia del Tribunal del Jurado y la causa, hasta ese momento, se había tramitado de manera ordinaria. De ahí que se iniciaran los trámites complementarios para cambiar de procedimiento, con la finalidad de celebrar el juicio mediante el sistema del jurado popular en la Audiencia de Las Palmas.
En la vista del lunes, el magistrado instructor, Alberto Puebla, informó a Cabrera de los hechos por los que será juzgado, los cuales coinciden con la acusación formulada por el fiscal en el otro procedimiento. Según el ministerio público, Diego Cabrera Arencibia, de 66 años, "requería" a los ciudadanos "cantidades de dinero que incorporaba a su patrimonio".
Los vecinos acudían a las oficinas municipales a tramitar cuestiones relacionadas con sus bienes inmuebles , pero entre las funciones de Cabrera no estaba atender al público ni cobrar dinero a los administrados. Por eso el fiscal considera que ha actuado con el propósito de enriquecerse de manera ilícita, en connivencia con un segundo investigado, José Luis M. C., quien, como administrador de la empresa Marqté 7 SL, confeccionaba recibos y facturas que no se correspondían con los servicios ofrecidos. El objetivo, destaca la Fiscalía, era "justificar" el dinero recibido para darle apariencia de legalidad a esas gestiones.
La acusación pública documenta tres casos en los que Cabrera supuestamente exigió dinero a los vecinos. El primero ocurrió en 2008, cuando María Jesús M. P. acudió al Ayuntamiento para solicitar el uso de un terreno que había quedado entre su propiedad y el trazado de una carretera. La mujer le entregó 440 euros en efectivo, así como la documentación de su propiedad.
El segundo supuesto también es de 2008, aunque esta vez fue Encarnación M. R. la que se dirigió a la Corporación para tramitar el alta del impuesto de bienes inmuebles en una finca de su propiedad. La mujer le dio 381 euros en efectivo y recibió una factura que hacía referencia a la peritación y planimetría por "visitar el solar, planeamientos y documentación de entrega para que emitan referencia catastral", añade el fiscal.
Antecedentes penales
El tercer caso se remonta a principios de 2009. Francisco O. C. pagó 500 euros, y Cabrera supuestamente se comprometió a facilitarle los permisos para hacer las reformas de la casa que era objeto de la solicitud. Luego expidió una factura por la reparación de la fachada, pero no se hizo dicha obra.
La Fiscalía concluye que el funcionario, tras cobrar, no realizó ninguna de las gestiones comprometidas. Por eso se le acusaba de un delito continuado de estafa (tres años de prisión) y otro de falsificación (dos años y cuatro meses de prisión), aunque la estafa, después del cambio de procedimiento, será sustituida por el delito de exacción ilegal (multa de 14.400 euros, suspensión de empleo de sueldo e inhabilitación).
Cabrera tiene antecedentes penales por apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles, delito este último por el que ha sido condenado en dos ocasiones. Esos antecedentes, destaca el ministerio público, están cancelados al haberse cumplido las penas impuestas.
