La empresa Emalsa presentó ayer en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria una querella criminal contra el funcionario del Ayuntamiento Rafael Bolívar Toledo, en relación a su actuación durante los 18 meses en los que, por designación de la Junta de Gobierno que presidía entonces el edil popular Juan José Cardona, desempeñó el cargo de Interventor de los Servicios Municipales de Agua en esta compañía. En la actualidad, Rafael Bolívar es jefe en el Servicio de Emergencias del Consistorio.
La querella fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa, en su sesión de 22 de diciembre de 2015, con los votos a favor de los socios privados y los consejeros en representación de la plantilla de la empresa. Los actuales consejeros municipales y su presidente y alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se abstuvieron. Así lo indicó ayer la empresa en una nota que remitió a los medios de comunicación.
La querella criminal que Emalsa interpone contra el técnico municipal lo es "por los delitos de falsedad documental y prevaricación mediata". "La querella plantea también que el auténtico objetivo de la intervención en Emalsa perseguía el rescate de la concesión, para lo que se falsearon informes con supuestos incumplimientos contractuales que, carentes lógicamente de pruebas, nunca han permitido la apertura de expediente sancionador alguno contra la compañía", afirma la empresa de aguas en dicha nota.
Informes
Según la compañía, la querella por delito de falsedad documental se interpone porque, en el ejercicio de sus funciones, "Rafael Bolívar faltó, de forma reiterada y sistemática, a la verdad en numerosos informes que fueron muy relevantes para que, por la Corporación Municipal, se adoptaran determinadas decisiones relativas a la empresa Emalsa, señalando falsos incumplimientos contractuales y atribuyéndole, también falsamente, a dicha empresa concesionaria, muchos de los problemas de la gestión del ciclo integral del agua que, sin embargo, no eran en absoluto su responsabilidad".
"Todas esas falsedades", según asegura Emalsa, "sirvieron para perjudicar a la empresa (e, indirectamente, al propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) dejándole de abonar facturas, que como luego se ha demostrado a través de una sentencia judicial, deberían haberse abonado en su momento".
En la querella que se ha interpuesto al funcionario municipal también se le adjudica un delito de inducción a la prevaricación. En concreto, prevaricación mediata porque, "a través de dichos informes, manipuló de forma ostensible la voluntad de los integrantes de la Corporación Municipal, haciéndoles creer que la solución a todos esos supuestos incumplimientos y problemas de gestión tenía que ser la intervención de los servicios concesionales y, una vez declarada ésta, haciéndoles creer la necesidad de su prórroga durante un año más".
