La Audiencia de Las Palmas ha ratificado el sobreseimiento del caso del Canódromo, que fue decretado por el Juzgado de Instrucción número 3 el 26 de julio de 2013. Ese auto lo recurrió la asociación de vecinos Avecalta, pero la Sección Primera notificó ayer a las partes que confirma el archivo de las actuaciones y, por tanto, rechaza la teoría del pelotazo urbanístico y descarta indicios de delito en el convenio urbanístico promovido por Juan José Cardona. La resolución, que es firme, está firmada por Miguel Ángel Parramón, Ignacio Marrero y Eugenia Cabello (ponente).

Cardona eran entonces concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Avecalta le denunció junto a ocho concejales por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, todo ello por aprobar el convenio urbanísticos que dio lugar en 2002 al plan parcial del Canódromo, donde el Consistorio permutó una serie de parcelas con Urbacan, las cuales fueron vendidas luego a Realia por más del doble de su valor.

El precio pagado por la constructora fue de 14 millones de euros, pero el tribunal niega que exista malversación en la permuta del suelo. "La revalorización que pudieron experimentar dos de las parcelas entregadas por el Ayuntamiento como contraprestación está directamente relacionada con su introducción en el sector privado, coincidiendo con la época de la denominada burbuja inmobiliara o boom inmobiliario. Esa revalorización, sin embargo, no era previsible que tuviera lugar respecto de la finca del Canódromo", explica la ponente del auto.

En una parte de esos terrenos, en Schamann, se proyectaron dos torres de viviendas cuyas licencias están anuladas por el Tribunal Supremo.