"Ser de buena vida y costumbres; ser hijo legítimo o natural de padres conocidos que lo hayan declarado por tal; que sus padres y abuelos sean cristianos viejos; que su sangre sea pura, sin contaminación con moros, judíos y mulatos; que los pretendientes, sus padres no tengan ni hayan tenido oficios mecánicos como sastres, carpinteros, pescadores, comediantes, danzarines, barberos, hortelanos, coheteros, carniceros, toreros [y otros oficios en desuso], así como que sus abuelos no lo ejerzan en el momento". Eran los requisitos, aparte de ser licenciado o bachiller y pasar un examen, que se requerían en el siglo XVIII para ser abogado en Canarias. Así se subraya en la Real Cédula del 14 de abril de 1766, rubricada por el rey Carlos III, que dio origen al Colegio de Abogados de Las Palmas. El primero en el Archipiélago y que el próximo viernes celebrará su 250 aniversario en un acto al que asistirá la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.
Los mencionados condicionantes resultan hoy irrisorios teniendo en cuenta lo que ha cambiado la sociedad y el oficio mismo, aunque el lenguaje y el protocolo que utilizan los profesionales en los juicios y en sus escritos siga siendo casi propio de otra época. Y en este proceso de cambio mucho ha tenido que ver la institución colegial, donde están inscritos actualmente 4.641 abogados, aunque tan solo 2.753 trabajan en resolver pleitos.
Justicia siempre hubo en la Isla desde su fundación (1478), aunque los pleitos de envergadura había que resolverlos en Granada hasta que en 1526 se creó la Audiencia de Canarias. Al letrado Miguel de la Torre González y Sardina -primer decano, que fue también alcalde mayor de la Isla- y a otros doce compañeros se debe la constitución del colegio, que se sufragaba con los 8 pesos al año que pagaban los colegiados, los honorarios que recibía el letrado designado por la Audiencia para defender las causas de los pobres y la tasa que pagaban los aspirantes a abogados.
El historiador y abogado, ya fallecido, José Miguel Alzola, recopiló estas y otras curiosidades sobre los primeros siglos del oficio y de la institución colegial en la Isla en su obra Historia del ilustre colegio de Abogados de Las Palmas, publicada en 1966 con motivo del bicentenario de la fundación del colegio y reeditada en 1986 con la inauguración de la casa de los abogados. Para esta ocasión, el texto ha sido digitalizado y se le han añadido las memorias de las actas desde los años 80.
La institución, que ha tenido 31 decanos hasta el actual -Joaquín Espinosa Broisser-, experimentó en 1838 su primera transformación para adecuarse a la normativa nacional sobre los colegios, donde se les recomendaba crear un montepío para el socorro de ellos, sus viudas e hijos. A partir de entonces y hasta nuestros días los estatutos han sufrido varias modificaciones para adaptarse a la legislación nacional, la última la ley Omnibús (2009).
En España existen hoy 83 colegios de abogados y en la cúspide de todos ellos el Consejo General de la Abogacía Española, creado en 1942.
No será, sin embargo, hasta 1986 cuando el Colegio de Abogados inaugure su primera y actual sede, después de casi 90 años en dependencias de la Audiencia -anteriormente se reunían en la casa del decano- y a pesar de que en sus estatutos ya animaba a sus miembros a tener vivienda propia. El emplazamiento, situado en el número 3 de la plaza de San Agustín de Vegueta, está compuesto por dos edificios que se comunican: un palacete del siglo XVI rehabilitado, que fue inaugurado en 1986 y donde se encuentra la parte noble de la institución -la sala de juntas, la biblioteca, el consejo canario, el auditorio, la contabilidad; entre otras dependencias-; y una casa familiar, también rehabilitada y abierta en 2005, que tiene entrada por la calle historiador Agustín Millares Torres. Aquí se encuentra la parte administrativa, la atención al público y la escuela de prácticas jurídicas, entre otros departamentos. Desde la inauguración del nuevo Palacio de Justicia, los abogados también disponen de salas específicas allí.
Del palacete, perteneciente a la familia Westerling y Manrique de Lara, se conserva aún la bomba de agua del pozo, los abrevaderos para los caballos, la escalera de piedra por donde subían las damas para encaramarse a la grupa de los caballos, algunos pisos de madera, las celosías de las ventanas y las plataneras del patio.
Nuevos tiempos
En las últimas décadas, el Colegio, cuyo ámbito territorial incluye hoy a Gran Canaria y Fuerteventura y se rige por la Ley de Colegios Profesionales de Canarias de 1990 y el Estatuto General de la Abogacía, ha experimentado una gran transformación para adaptarse a los cambios de la sociedad, la Justicia y el oficio, sobre todo con el desarrollo de los medios telemáticos. Al mismo tiempo que sus miembros han luchado por sus derechos ante la Ley Omnibús o tener una sanidad (2012), entre otros.
En este sentido, el Colegio, dirigido por una junta directiva formada por 16 miembros, creó la Escuela de Prácticas Jurídicas que hoy coordina con la Universidad para que los jóvenes licenciados supieran lo que era la realidad del oficio con sesiones prácticas, además de un aula de formación donde se ofrecen cursos y seminarios para que los colegiados estén al día de las novedades de la legislación nacional, europea e internacional, que no son pocos. También ha desarrollado una labor divulgativa de la Justicia, las leyes y la profesión entre la ciudadanía y otros profesionales con jornadas y congresos.
En la sede se atiende una media diaria de 20 consultas ciudadanas y el Colegio mantienen un servicio de orientación penitenciaria para seguir las causas en la cárcel, después de que haya intervenido el turno de oficio. Entre sus labores también está la de ser patronos de la Virgen del Pino, San Juan Nepomuceno, por estatutos, y del Cristo Atado a la Columna, que procesiona el Viernes Santo.
