La Guardia Civil asume junto a Seguridad Integral Canaria la vigilancia de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Una dotación de agentes ha comenzado a controlar de manera permanente el acceso a la Ciudad de la Justicia y al juzgado de guardia, según un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio del Interior.
El convenio, que ha comenzado a aplicarse desde principios de este mes, busca "reforzar y apoyar" el actual sistema privado de vigilancia, que lo presta la empresa Seguridad Integral Canaria, tras ganar el último concurso público convocado por la Comunidad Autónoma para cubrir el servicio.
Fuentes de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia explican que la actuación del Instituto Armado será "complementaria y coordinada", por lo que no se recortarán horas ni funciones a los vigilantes privados de seguridad. De hecho, al menos desde la semana pasada, ambos cuerpos compaginan las labores de control en el juzgado de guardia. Lo mismo ocurrirá en breve con la entrada principal del edificio, que alberga todas las unidades judiciales de la capital grancanaria y de la Audiencia de Las Palmas, con la única excepción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que continúa en su emplazamiento anterior de la Plaza de San Agustín, en el barrio capitalino de Vegueta.
La Guardia Civil, antes de que se produjera en 2014 la mudanza al nuevo edificio, se ocupaba de la vigilancia de los ocho juzgados de instrucción, que entonces estaban ubicados en la calle Granadera Canaria. Esa labor, tras el trasladado y la concentración de las 14 sedes en la Ciudad de la Justicia, pasó a desempeñarla en exclusiva la empresa privada de seguridad. Los magistrados de instrucción, sin embargo, rechazaron esa solución y reclamaron la continuidad del Instituto Armado en el nuevo edificio judicial, al menos en el juzgado de guardia, pues es el que investiga delitos, funciona las 24 horas y, por tanto, está expuesto a una mayor conflictividad social derivada de situaciones imprevistas.
La reivindicación de los jueces fue asumida por la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, que negocia desde la legislatura pasada un acuerdo con el Ministerio del Interior. El convenio de colaboración, finalmente, ha comenzado a aplicarse este mes.
La Guardia Civil destina 14 agentes en situación de reserva, un cabo y un suboficial, que se encargará de coordinar el servicio. Los 16 funcionarios policiales no estarán permanentemente en el edificio para vigilarlo, sino que se distribuirán en turnos de tres: uno irá destinado a la entrada principal, otro al juzgado de guardia, y el suboficial coordinador estará en la planta de arriba. Las guardias son de 24 horas. De ahí la necesidad de ese número de agentes.
El Gobierno regional, con este acuerdo, quiere aprovechar la "experiencia" de la Guardia Civil en la "vigilancia y protección" de las instalaciones, así como su "condición de autoridad en materia de seguridad pública", con la finalidad de reforzar el actual sistema de vigilancia y custodia privado.
Los agentes, en concreto, se ocuparán de prevenir la comisión de hechos delictivos, lo que incluye supervisar los controles de acceso y de seguridad que se establezcan, además de vigilar aquellos puntos y zonas en los que pudiera materializarse algún ilícito penal, especialmente en los juzgados de Instrucción que estén de guardia 24 horas.
En ese sentido, el decano de los jueces capitalinos, Óscar González, se mostró ayer satisfecho por la presencia de la Guardia Civil en la Ciudad de Justicia, una colaboración que "beneficia a todos", incluidos los ciudadanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están habilitadas para llevar armas y, por tanto, aportan un plus de seguridad a las instalaciones, gracias, entre otros aspectos, a la experiencia y la preparación de los agentes. El acuerdo, añade González, refuerza el servicio porque se mantienen los guardas jurados.
