Un comerciante dedicado a la importación de artículos de regalo ha admitido hoy ante la Audiencia de Las Palmas haber sobornado, por mediación de su abogado, en tres ocasiones a un funcionario de aduanas del puerto de La Luz para introducir mercancía falsa en los años 2011 y 2012.
El abogado, Juan Manuel G.C., y el funcionario Mario César H.S., que es cuñado del letrado, comparecen junto a ese comerciante como acusados en el juicio por un delito continuado de cohecho que se ha iniciado hoy ante un tribunal de Jurado, ante el cual ambos han negado los hechos por los que los tres procesados se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años de prisión.
El letrado, que se ha negado a contestar a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por la Abogacía del Estado, ha asegurado al tribunal que todo obedece a un "engaño" que ideó para "sacar dinero" a su cliente, el acusado Shashi N.K., porque este no le pagaba los honorarios pactados y en esa época su situación económica era bastante precaria.
Este abogado ha dicho que nunca propuso hacer nada ilícito a su cuñado, sino que se inventó ante su cliente que había hablado con aquél para que "hiciera la vista gorda" cuando llegara la mercancía al puerto, y que además se limitaba a resolver cuestiones relativas a la documentación de la mercancías que importaba, así como a asesorarles en cuestiones propias de su profesión.
"Fue una mala idea", ha señalado Juan Manuel G.G., quien ha añadido que ha sido la "la decisión peor y más estúpida de su vida".
El funcionario, del cuerpo de vigilancia aduanera en la sección de muelles, ha asegurado al tribunal que nunca recibió dinero del comerciante, con el que además no tuvo relación alguna.
Así mismo, el funcionario ha afirmado que se le acusa de haber inspeccionado unos contenedores en julio de 2011 cuando ni siquiera estaba en la isla, al tiempo que ha asegurado que en su labor "se limita a cumplir las órdenes de reconocimiento dadas por el comité auditor", y ha dicho carecer de competencias para dar el visto bueno a una mercancía, función que corresponde al actuario.
Tanto el funcionario como el letrado han expuesto al tribunal que las conversaciones telefónicas que les fueron intervenidas durante siete meses han sido sacadas de contexto y malinterpretadas.
El abogado ha manifestado estar "indignado por las mentiras" contenidas en la instrucción de la causa, durante la cual tanto él como su cuñado han dicho que se negaron a declarar porque estaba bajo secreto sumario y desconocían las actuaciones practicadas.
El comerciante, Shashi N.K, ha confesado en cambio que llegó a pagar en tres ocasiones a su abogado para que pudiera pasar por el puerto mercancía ilegal y que él nunca habló con el funcionario hasta la entrada de un contenedor por el que le exigieron más dinero del pactado para liberar los artículos.
Según el comerciante, mediante estos pagos logró pasar tres contenedores con mercancía falsificada, aunque el último fue intervenido por la Guardia Civil, en enero de 2012, cuando importó figuras de cerámica que imitaban la marca "Diablo de Timanfaya", cuya patente industrial pertenece a la Fundación César Manrique.
La abogada del comerciante ha solicitado que se reconozca a su cliente el beneficio de las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.
La fiscal del caso, Beatriz Sánchez, ya ha adelantado al Jurado que está dispuesta a solicitar una pena menor para Shashi N.K., porque ha reconocido los hechos desde el primer momento, y ha considerado que las declaraciones de los guardias civiles, los documentos y las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez constituyen prueba inculpatoria suficiente.
Una prueba que el abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, ha considerado "bastante contundente e incluso demoledora", frente a la posición mostrada por los otros dos letrados que representan al abogado y al funcionario de aduanas, que solicitan para ambos la absolución.
La defensora del letrado inculpado, Juana Rosa Domínguez, ha rechazado cómo se procedió a la instrucción de la causa y las interpretaciones de las escuchas por "subjetivas e interesadas", al tiempo que ha criticado el "caos en la documentación" sobre los tres contenedores objeto de investigación.
El abogado del funcionario ha señalado que no existen pruebas que inculpen a su defendido, pues "nunca dejó pasar una mercancía ilícita". A su juicio, la acusación se basa en "hechos inciertos" y en llamadas que se "adornan" para que el Juzgado número 3 que instruyó la causa diera continuidad a las escuchas telefónicas que se prolongaron durante siete meses.
El juicio continuará mañana con la declaración de los testigos, en una jornada que se extenderá hasta la tarde.
