El empresario Shashi N. K. reconoció ayer ante la Audiencia de Las Palmas que pagó a su abogado para que facilitara la entrada de objetos de souvenir falsos a Gran Canaria a través de su cuñado, funcionario de Aduanas en el Puerto de La Luz, que hacía la vista gorda cuando los contenedores en los que viajaba la mercancía pasaban por los controles. Durante la primera sesión del juicio ante jurado popular que se celebra en la Ciudad de la Justicia, los otros dos acusados de delito continuado de cohecho negaron los hechos, alegando el letrado que debido a su mala situación económica utilizó de gancho a su familiar para engañar a su cliente y cobrarle así unos honorarios que no le había pagado.
Lo ocurrido, por lo que la fiscal solicita entre 4 y 6 años de prisión a cada uno de los tres encartados, se prolonga entre junio de 2011 y febrero de 2012. Como declaró Shashi N. K., el que era hasta entonces su representante legal, Juan Manuel G., le comentó que su cuñado Mario César H. S. podía agilizar la importación de material falsificado gracias a su condición de empleado de Aduanas. Pasaron los meses hasta que en junio de 2011, el importador se puso en contacto con el abogado para gestionar la llegada de un contenedor que contenía productos falsos de la marca I love Gran Canaria.
Si bien en esta primera petición, según el relato del empresario, el container quedó paralizado al dar el aviso con retraso, Nanwani volvió a contactar con su abogado para que hiciera de intermediario con su cuñado en otras dos recepciones. En la primera de ellas, que se produjo en julio, pagó 200 euros, mientras que en la segunda, en enero de 2012, desembolsó otros 400 euros. Es precisamente este último envío el que desencadenó la detención del empresario, quien, cuando ya la Guardia Civil había pinchado su teléfono y los del abogado y el funcionario ante los indicios de delito, se puso en contacto con este último de forma directa mediante una llamada para indicarle las referencias de las cajas en las que estaban almacenadas figuras falsas del diablo de Lanzarote para evitar su apertura. "Vale, vale, no digas nada más", le contestó José Manuel G, como se recoge en las grabaciones.
La versión de los dos familiares difiere de la ofrecida por Shashi N. K. El letrado Juan Manuel G. admitió que utilizó que su cuñado es funcionario de Aduanas para engañar al empresario asegurándole que le podía solucionar cualquier problema que surgiera con su mercancía, aunque después no realizó ninguna operación en este sentido. Todo ello sin que el marido de su hermana tuviera conocimiento alguno. Lo hizo, según su versión, porque el empresario le debía unos honorarios y porque necesitaba dinero ya que estaba "al borde de la quiebra". "Es la peor decisión que he tomado en mi vida", declaró José Manuel G., quien se negó a responder a las preguntas de la representante del Ministerio Público y las de la acusación particular. Y aseguró estar "indignado" porque en la investigación "hay un montón de mentiras".
La acción de José Manuel G. provocó las fricciones entre los dos familiares, como después añadió el agente de Vigilancia Aduanera. Éste último señaló que cuando conoció que estaba siendo utilizado por su cuñado para engañar a Shashi N. K. le siguió la corriente para explicar los mensajes y las conversaciones que se cruzaron durante unos días. Y es que ambos apuntaron que para despistar al empresario simulaban enviarse mensajes de texto sobre los procedimientos que realizaban para que el contenedor pasara los filtros. "Es todo una película con mi cuñado", dijo para justificar una llamada en la que indicó que "cualquier trabajo de verdad no baja de los mil euros".
Asimismo, Mario César H. S. afirmó que entre sus funciones no está decidir si un contenedor pasa los controles o no, que de ello se encargan los actuarios. Apuntó que no intervino en los controles de ninguno de los dos primeros contenedores, al estar fuera de la Isla en uno de ellos y porque el segundo pasó por un escáner, y que en el tercero tramitó la orden de reconocimiento en el que aprueba el contenido del contenedor porque no puede controlar toda la mercancía: había 130.000 unidades de las que 9.000 eran falsificadas. Además, reconoció que carece de formación para detectar qué productos son falsos.
Ante la confesión de los hechos y la dilación indebida del procedimiento, Pino López, abogada del empresario, solicitó que se reduzca la pena que solicita el Ministerio Público de cuatro años y seis meses a un año y seis meses de prisión. Por su parte, los letrados de los otros dos encausados entienden que son no culpables, por lo que pidieron la absolución de ambos. El juicio sigue hoy con la declaración de los testigos.
