El ocio nocturno en la calle Secretario Artiles vuelve a generar problemas. Si hace un mes fueron varias peleas las que desataron las quejas de los vecinos, esta vez fue el desalojo de uno de sus locales la que provocó una nueva actuación policial. La pasada madrugada del domingo, hacia las 3.00 horas, el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local sacó a unas 300 personas de la discoteca Latin Palace para proceder a su precinto por orden del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Según fuentes municipales, el establecimiento incumplió la orden de paralización voluntaria de la actividad que se le impuso tres días antes por una problemática grave en las puertas de emergencia.
Fue el pasado jueves cuando los agentes trasladaron a los propietarios del local ubicado en la citada vía la resolución del servicio de Edificación y Actividades de la Concejalía de Urbanismo que les instaba a la clausura del recinto hasta que quedase solucionado el problema de seguridad en sus instalaciones. La decisión vino motivada por las deficiencias detectadas en los accesos de este establecimiento durante una inspección policial realizada previamente en todas las salas de fiesta de la zona del Puerto.
Según explicó Javier Doreste, concejal de Urbanismo, estas "visitas" a los locales se hacen a raíz de las quejas vecinales que llegan al Ayuntamiento. En el caso del Latin Palace, la administradora de la comunidad de propietarios del Edificio San Pablo, Maica López, cuenta que varios residentes aseguran que el establecimiento se salta los horarios de cierre. "Como tienen licencia de discoteca se supone que cierran a las 5.30 horas y tienen un margen de 30 minutos para que salga la gente, pero hace dos semanas estaban los clientes saliendo un jueves a las 6.30 horas por la puerta de emergencia".
Sanciones
Asimismo, Javier Doreste hizo alusión al "ruido, escandaleras y peleas" que se han originado en el entorno donde se encuentra el local y que se han traducido en numerosas sanciones, cuya multa alcanza como máximo 15.000 euros. "Por todos estos motivos hicimos una inspección en la discoteca y fue cuando además descubrimos que tenían las puertas de emergencia inoperativas, por lo que se les trasladó la correspondiente orden de cierre", señaló el edil.
Después de que se le notificase la medida, la discoteca Latin Palace cesó su actividad de manera voluntaria la noche del pasado viernes. Al día siguiente, sin embargo, volvió a abrir de nuevo sus puertas incumpliendo la normativa municipal. Por este motivo, a las 03.00 horas de la madrugada del domingo, los GOIA procedieron al desalojo de las cerca de 300 personas que se encontraban en el interior del local. Posteriormente, se llevó a cabo el precinto del mismo. El cierre se mantendrá hasta que los dueños del recinto "presenten un proyecto que incluya la insonorización y la mejora de las salidas de emergencia", arguyó el responsable del Área de Urbanismo. "Eso, o que vayan a los tribunales y sea un juez el que llame al Ayuntamiento para que exponga sus motivos y decida después quién lleva razón".
No sería la primera vez que el Consistorio capitalino acude a los juzgados por un hecho similar. El pasado mes de octubre en los juzgados se ratificó la clausura del Centro Comercial Sotavento, ubicado en el Muelle Deportivo de la ciudad. El complejo se vio obligado a cerrar sus instalaciones por orden de la Dirección General de Edificación y Actividades de la Concejalía de Urbanismo, después de que los técnicos encontrasen en una inspección irregularidades que comprometían la seguridad de los clientes. En su momento, algunas de las anomalías citadas eran la eliminación de las zonas de tránsito con la colocación de mobiliario fijo, así como de vías de evacuación que, en algunos casos, se encontraban obstruidas por sillas y mesas. Además, también se había cambiado el sentido de apertura de las puertas de emergencia, en contra de la normativa vigente. No obstante, el Centro Comercial abrió de nuevo el mismo mes después de que la gerencia presentase la declaración responsable por la que se responsabilizarían de que las obras presentadas garantizarían la seguridad del enclave.
La seguridad en los locales y zonas de ocio se han intensificado en todo el país a raíz del accidente que tuvo lugar en el Madrid Arena en 2012. La madrugada del 1 de noviembre de ese año cinco jóvenes fallecieron aplastadas por la gente durante la avalancha que se produjo en el pabellón donde se celebraba una multitudinaria fiesta de Halloween. Además del exceso de aforo, la investigación reveló un descontrol en los accesos y una falta de vigilancia que se tradujo en tragedia.
