La Fiscalía ha rebajado hoy a dos años de cárcel la condena solicitada para el comerciante que ha admitido haber sobornado, por medio de su abogado, a un funcionario de aduanas para introducir mercancía falsificada en el puerto de Las Palmas en los años 2011 y 2012.
La fiscal Beatriz Sánchez y la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, han mantenido las condenas reclamadas para el abogado Juan Manuel G.C. y el funcionario Mario César H.S., de cinco y seis años de cárcel, respectivamente, y han solicitado al tribunal de Jurado de la Audiencia de Las Palmas un veredicto de condena para los tres acusados.
Además, han reclamado que se inhabilite por un periodo de 12 años al funcionario.
Sánchez ha considerado como atenuantes, en el caso del importador Shashi N.K., su confesión y las dilaciones indebidas en el proceso, circunstancias que las defensas del abogado y el funcionario han pedido al tribunal que también se apliquen a sus defendidos, al tiempo que han rechazado haber obstaculizado el procedimiento con los recursos que han interpuesto, pues están previstos por la ley.
La Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones y ha retirado de la acusación el primero de los tres contenedores que figuraban en la causa, al haber quedado probado que el funcionario en esa fecha no estaba en la isla, según han indicado las defensas.
Tanto la acusación pública como particular han considerado que no se sostiene la versión del engaño alegada por el letrado procesado en la causa, quien ha defendido que utilizó a su cuñado, el funcionario procesado, para hacer creer al importador que podía utilizar su influencia en el puerto y así cobrarle los honorarios que le debía.
Las dos acusaciones han estimado que existe suficiente prueba para condenar a los acusados, por el contenido de las escuchas telefónicas que se les grabaron, por la falta de explicaciones "mínimamente razonables" aportadas por los procesados, y han rechazado que el funcionario actuara en estos hechos "siguiendo instrucciones" de sus superiores.
La abogada del importador ha pedido que, a tenor de las atenuantes observadas por las acusaciones, se le imponga a su cliente una pena de seis meses de prisión.
En un principio, se solicitaba para Shashi N.K. una condena de cuatro años de cárcel.
La defensa del abogado ha pedido que se consideren los hechos cometidos por Juan Manuel G.C. como un delito de tráfico de influencias y ha insistido en que, de considerarse los hechos como un delito de cohecho, se estime que su cliente actuó como cooperador necesario (no como autor) para atenuar su responsabilidad.
Tanto la abogada Juana Rosa Domínguez, como el letrado del funcionario, Vicente Marrero, han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes.
No obstante, han pedido a los jurados que, en caso de que los consideren culpables, recomienden la suspensión de la ejecución de la sentencia y la petición de indulto.
En el derecho a la última palabra, el acusado Shashi N.K. ha manifestado al tribunal popular que está "muy arrepentido de sus actos"; el abogado Juan Manuel G.C. ha insistido en "el terrible error" que cometió, que lo "está pagando y que lo pagará en el futuro; y el funcionario Mario H.S. ha pedido disculpas por si se ha "exaltado en sus palabras y gestos" en su declaración.
El juicio, que se inició el pasado lunes en la Ciudad de la Justicia, ha quedado a la espera de que se emita el objeto del veredicto para que el tribunal del Jurado comience a deliberar.
