La Fiscalía rebajó ayer a dos años de cárcel la condena solicitada para el comerciante que admitió haber sobornado, por medio de su abogado, a un funcionario de aduanas para introducir mercancía falsificada en el puerto de Las Palmas en los años 2011 y 2012.

La fiscal Beatriz Sánchez y la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, mantuvieron las condenas reclamadas para el abogado Juan Manuel G. C. y el funcionario Mario César H. S., de cinco y seis años de cárcel, respectivamente, y solicitaron al tribunal de Jurado de la Audiencia de Las Palmas un veredicto de condena para los tres acusados. Además, reclamaron que se inhabilite por un periodo de 12 años al funcionario.

Sánchez consideró como atenuantes, en el caso del importador Shashi N. K., su confesión y las dilaciones indebidas en el proceso, circunstancias que las defensas del abogado y el funcionario pidieron al tribunal que también se apliquen a sus defendidos, al tiempo que rechazaron haber obstaculizado el procedimiento con los recursos que han interpuesto, pues están previstos por la ley.

El engaño no se sostiene

Tanto la acusación pública como particular consideraron que no se sostiene la versión del engaño alegada por el letrado procesado en la causa, quien defendió que utilizó a su cuñado, el funcionario procesado, para hacer creer al importador que podía utilizar su influencia en el puerto y así cobrarle los honorarios que le debía. Las dos acusaciones han estimado que existe suficiente prueba para condenar a los acusados, por el contenido de las escuchas telefónicas que se les grabaron, y rechazaron que el funcionario actuara "siguiendo instrucciones" de sus superiores.

La abogada del importador pidió que se le imponga a su cliente una pena de seis meses de prisión. En un principio, se solicitaba para Shashi N. K. una condena de cuatro años de cárcel. Tanto la abogada Juana Rosa Domínguez, como el letrado del funcionario, Vicente Marrero, han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. El juicio quedó a la espera de que se emita el objeto del veredicto para que el jurado comience a deliberar.