La guerra de la noche prosigue. Distintos juzgados han admitido a trámite las tres querellas presentadas por el empresario de ocio nocturno José Juan Castellano contra el jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Henríquez, el jefe de la Unidad Especial del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA), Nelson Suárez, y los funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, jefe del servicio de Actividades Comerciales e Industriales; Carmen Nieves Martín, directora general de Ejecución Urbanística; y María Ángeles Canella, también de Actividades Comerciales e Industriales, por presunta prevaricación. Castellano alega que no atendieron a las denuncias presentadas en las oficinas municipales en las que se advertía de irregularidades en las terrazas TAO Garden Club y Sotavento Club de las que Antonio Márquez, otro empresario de la noche, es directivo.
La sucesión de denuncias de Castellano, propietario de la empresa Zorba's Vip, contra los negocios de Márquez comenzaron el verano pasado cuando el primero inició una serie de pleitos al considerar que desde la terraza Sotavento se estaba llevando a cabo una práctica de competencia desleal que perjudicaba sus actividades. Así, interpuso una primera denuncia en el Ayuntamiento y en la Policía Local después de comprobar, con la presencia de un notario, que el local situado en el Muelle Deportivo excedía el ruido permitido y no respetaba el límite de aforo que establecía la licencia de terraza-bar que tenía el local. Y añadió que la actividad que allí se desarrollaba no era la permitida sino que se estaba explotando como discoteca.
El abogado del empresario, Fernando de Elejabeitia, llevó el caso ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria porque tanto Henríquez como Suárez hicieron la vista gorda. Según Elejabeitia, "de oficio tenían que cerrar" el establecimiento porque "es público y notorio que se está realizando una actividad de discoteca y la licencia es de bar y terraza de música ambiente". "Se trata", añadió el letrado, "de la misma licencia que tienen las cafeterías del parque Santa Catalina". El magistrado Florencio Luis Barrera admitió a trámite la querella a finales de octubre del año pasado, imputando a los dos cargos policiales.
Entre tanto, la concejalía de Urbanismo ordenó ese mismo mes el cierre de la totalidad del Centro Comercial Sotavento, donde se sitúan los locales de la terraza de la empresa Canary World Productions & Events de la que Márquez es gerente, por problemas de seguridad en el inmueble después de una inspección motivada por la denuncia de José Juan Castellano.
Este último empresario continuó con su lucha con el objetivo, según su representante legal, de que todos los negocios de la ciudad cumplan la ley y compitan en igualdad de condiciones. Por ello, en diciembre volvió a presentar una nueva queja ante el Ayuntamiento al entender que la terraza TAO, de la sociedad MB Producciones Canarias de la que Márquez es socio, también incurría en irregularidades.
En este ocasión, señala en los escritos, el local del parque Romano "infringe varias de las condiciones establecidas en la concesión que en su día se le otorgó, lo que le causa un perjuicio, sin que se haya adoptado ninguna medida para corregir aquellos incumplimientos". Estas incidencias son la instalación de un techo en una de las partes del local, la creación de salas de baile a pesar de que lo impide el título de terraza al aire libre con la que cuenta, y ofrecer comidas. En este último sentido, Elejabeitia apuntó que "el Ayuntamiento después de la denuncia avisa a la TAO que paren las comidas y ahí siguen, dando comidas y fiestas y teniendo techo cuando la licencia no lo permite".
La inacción de las autoridades locales llevó al empresario a acudir de nuevo a los tribunales mediante una querella presentada primero contra los dos jefes policiales en el Juzgado de Instrucción número 1 y después contra los tres técnicos del área de Urbanismo en el número 3 por sendos delitos de prevaricación administrativa. Ambas fueron admitidas por las autoridades judiciales correspondientes, solicitando al Ayuntamiento la situación legal de la TAO, así como la copia de las quejas y reclamaciones que se hayan interpuesto contra este establecimiento en las oficinas municipales, y las inspecciones.
Fuentes municipales confirmaron la imputación de Henríquez y el responsable del GOIA, aunque agregaron que tienen conocimiento de que los tres funcionarios de Urbanismo han sido citados como testigos pero desconocen que también sean investigados por un presunto delito de prevaricación. Por su parte, el abogado de Castellano declaró que Borgolla declaró como testigos después de la primera denuncia, pero que en las dos siguiente los jueces siguen tramitando la solicitud de expedientes antes de proceder a conocer la versión de los técnicos municipales.
