La Fiscalía de Las Palmas ha destapado una trama de sociedades creada para eludir las garantías de los concursos de acreedores en los juzgados de lo mercantil, con supuestos pagos ilegales a los administradores concursales para desviar fondos a otras empresas y evitar la deuda con los proveedores, según una querella presentada contra Maquinarias Paco SL por los delitos de alzamiento de bienes, cohecho y malversación. Están bajo investigación judicial ocho personas y cinco empresas: Grupo Tipuana SL, Servicios Canarios de Información Fiscal SL, Consultoría y Gestión Integral Islas Canarias SL y Elevaciones Archipiélago SL, todas relacionadas con Francisco González Guedes y Reyes Benítez Mayor, el matrimonio propietario de Maquinarias Paco.
La querella fue interpuesta a finales de diciembre y ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones, tras ordenar en febrero el registro de las sociedades y de varios despachos profesionales, entre ellos los de Daniel Bosch Wood, Francisco Javier Rodríguez Pérez y Juan Ramón Mendoza Cabrera, que son los administradores nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas para gestionar los bienes de Maquinarias Paco.
La empresa fue declarada en concurso de acreedores el 11 de enero de 2010. El 3 de junio de 2009, unos meses antes de que el matrimonio solicitara la intervención judicial para salvar su compañía, la empleada Raimunda Rodríguez fundó el Grupo Tipuana con la ayuda de Ignacio Irigoyen, un "reputado" abogado riojano que está especializado en "reflotar" empresas con dificultades, según los informes de la Agencia Tributaria en los que se basa el fiscal Miguel Hernández para formular la querella.
Los inspectores consideran que Rodríguez e Irigoyen eran personas de "confianza" de Maquinarias Paco, cuyos dueños adquirieron posteriormente Grupo Tipuana "con el sólo objeto de desviar parte del patrimonio y eludir la acción concursal". Esa operación, añade la Fiscalía, se hizo mediante la interposición de otra mercantil, Servicios Canarios de Información Fiscal, con la intención de "ocultar" la verdadera "unidad" empresarial entre Maquinarias Paco y Grupo Tipuana.
En la creación del entramado interviene Irigoyen, que adquiere participaciones de Servicios Canarios de Información Fiscal, de la que fue administrador único tres meses, para luego traspasárselas al matrimonio, entre otras operaciones de facturación con la concursada. Es, además, administrador indefinido de Consultoría y Gestión Integral Islas Canarias, que fundó Grupo Tipuana junto a Raimunda, la empleada de confianza de Maquinarias Paco entre 2002 y 2013.
Otro trabajador de la compañía matriz creó en 2014 Elevaciones Archipiélago, cuyos únicos clientes son Maquinarias Paco y Grupo Tipuana. Desde el inicio del concurso hasta 2014, los investigadores constatan la disminución paulatina de la facturación de la primera empresa y el aumento de negocio de la segunda. Los mismo ocurre con los empleados. Las tres entidades, además, comparten maquinaria, sede social, instalaciones y trabajadores, según los informes solicitados por el fiscal a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Asimismo existen correos que comprometen a Irigoyen y los dos administradores concursales principales, Daniel Bosch y Francisco Javier Rodríguez, pues revelan que han podido recibir contraprestaciones a cambio de permitir el desvío de dinero y de amañar la venta de la maquinaria para saldar la deuda con los acreedores, entre otras sospechas.
Esos correos fueron entregados a la Fiscalía por el administrador único de Máquinas Opein SL, Jesús Domínguez Rivero, que opera en el mismo mercado y denunció a su competidor en marzo de 2015, tras enterarse de que Grupo Tipuana utilizaba los activos de Maquinarias Paco para continuar la actividad y camuflar los ingresos, con el consiguiente perjuicio a los acreedores.
Máquinas Opein está personada en el procedimiento concursal porque su intención era adquirir la unidad productiva de Maquinarias Paco. En ese contexto se produce la intervención de Irigoyen, que facilita información sobre cómo lograr esos bienes en la fase de liquidación del concurso, incluso alude a la oferta que debe hacerse, entre los "400.000 y los 500.000 euros", de los que "100.000" irían destinados a pagar los "honorarios" de los administradores. De ahí las entradas y registros ordenadas en febrero por el magistrado instructor, Salvador Alba, con la finalidad de encontrar documentación que acredite esas retribuciones, las cuales, de existir, podrían ser constitutivas de cohecho (los administradores tienen una condición similar a la del funcionario porque son nombrados por el juez para asistirle durante el concurso).
El juez investiga las conexiones con otro concurso que tramita Mercantil número 2. En este caso es un proveedor el que dirige la querella contra Fanega Food, antigua Hermet Alimentación.
