Álvaro Cuesta: "La decencia e independencia de los jueces españoles son altísimas"

Me he reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, que es una persona muy valorada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un impulsor de las políticas para modernizar la justicia, además de un luchador para mejorar el servicio público. La coordinación es magnífica, seguimos los asuntos y las necesidades que se puedan arreglar desde Madrid. También con el viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo. Hay un buen tono de lealtad institucional y de entendimiento entre el Gobierno de Canarias y el TSJC, un buen clima de colaboración. Lo mismo ocurre con el CGPJ. Hemos suscrito varios convenios, entre ellos de formación, como el de derechos humanos e inmigración al que vengo a participar. Otro importante es en materia de arbitraje, con el Gobierno regional, las cámaras de comercio, el Consejo Canario de la Abogacía y Casa África, que desde el punto de vista económico resuelve muchos conflictos judiciales con Marruecos. Y nos hemos comprometido a impulsar la mediación, para que la justicia no sólo sea contenciosa, sino realizada por el acuerdo entre los propios protagonistas, porque eso también es justicia.

¿Se refiere al proyecto impulsado por García-Otero y otros magistrados de Las Palmas?

Sí, en Canarias hay una gran sensibilidad para llegar a acuerdos mediante la mediación. Quiero resaltar la importancia de esa experiencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. Canarias es la vanguardia de España en este ámbito. Se han logrado importantes acuerdos que serán noticia en los próximos días.

¿Y el encuentro con las asociaciones de jueces?

Para conocer el estado de opinión, recabar el pulso e informarles de las nuevas reformas que queremos impulsar desde el Consejo y, sobre todo, recibir sus sugerencias en términos muy constructivos de los jueces canarios.

¿Qué inquietudes le transmitieron?

La necesidad de cambios legislativos. Hace falta un nuevo mapa territorial, un marco legal que estimule la agilización y una nueva organización de la justicia. También acabar con la desigualdad en las cargas de trabajo que tienen unos jueces respecto de otros; el colapso en determinados órganos judiciales o la necesidad de cambiar la forma de medir la carga de trabajo. Ahí teníamos un acuerdo avanzado con el Ministerio de Justicia, pero lamentablemente no podemos avanzar más porque el Gobierno está en funciones. Quiero reconocer la altísima profesionalidad de los jueces españoles, que son 5.502. Muchas trabajan condenados a gestionar el colapso con una gran calidad técnica. Hay que saber medir ese trabajo y mejorar la organización y la estructura de funcionamiento.

La UE no deja a la justicia española en buen lugar...

El informe está mal hecho, tiene deficiencias, no recoge los indicadores reales de la justicia española. Le pongo simplemente un ejemplo. Establece que los países con una justicia más independiente son aquellos cuya justicia depende de su Ministerio de Justicia. Oiga. Tienen una confusión con el poder ejecutivo. En España no dependemos del Ministerio de Justicia, los jueces y magistrados tienen un órgano distinto. Los aspectos más sensibles, los que afectan a la independencia del juez, están en manos del Consejo del Poder Judicial, que es elegido por el Parlamento. Su composición es de grandes juristas. Doce de ellos, además, proceden de todos los órdenes judiciales... El Supremo, los Tribunales Superiores, las Audiencia o los juzgados. Por lo tanto, nuestra estructura es más respetuosa con la independencia del Poder Judicial.

La diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell cuestionó el otro día en el Congreso la independencia de los jueces a medida que suben en el escalafón...

No comparto ese planteamiento, creo que tenemos una justicia muy independiente, pero le diré más. Hemos hecho una encuesta directa a cada juez y magistrado. Les hemos preguntado algo fundamental, si en algún momento se han sentido violentados, coaccionados, perturbados o menoscabados en su independencia judicial. Han contestado más de 1.300 jueces y el 95 % asegura que ni siquiera se han sentido inquietados. El grado de independencia de esa encuesta anónima es más que evidente. El nivel de decencia, de independencia y de profesionalidad de la justicia española es altísimo. Es más. Los jueces tienen derecho a pedir amparo cuando se sienten perturbados por un medio de prensa, por un grupo empresarial o por las declaraciones de los políticos. El número de amparos solicitados en toda la carrera judicial es muy pequeño. En dos años sólo he visto tres peticiones y eran fundamentalmente de la Audiencia Nacional por críticas de representantes políticos a sus resoluciones. La respuesta ha sido de apoyo a esos jueces.

En Canarias últimamente hay mucha queja o denuncia al Consejo. ¿Cómo se ve desde Madrid el cruce de reproches entre Rosell y el magistrado Salvador Alba?

No puedo intervenir en temas puntuales. Lo único que conozco de ellos es su currículo y su escalafón. Hemos coincidido en algún acto de formación, pero no debo manifestarme sobre temas que están en el ámbito judicial.

¿Hay algún tipo de plan para encajar la reforma de las Salas de lo Penal y Civil de los Tribunales Superiores?

Sí, hemos pedido 20 magistrados para las salas de toda España, para que tengan una mayor formación penal. La negociación está en un estado avanzado y espero que tengamos esos 20 magistrados tan pronto como haya un Gobierno. También vamos a establecer un plan de medidas de refuerzo y de asistencia a los tribunales. Por ejemplo, los jueces que lleven causas de corrupción podrán tener el apoyo técnico de otros jueces, pero no para juzgar ni hacer actuaciones jurisdiccionales, sino para ayudar. Son medidas de apoyo y de refuerzo que están concebidas en la ley y queremos llevarlas a ese plan.