La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha comenzado a examinar la documentación obtenida en los despachos de los administradores concursales de la empresa Maquinarias Paco SL, Javier Rodríguez y Daniel Bosch, cuya entrada y registro en el bufete de este último ha sido recurrida por la defensa al considerarla ilegal. De la oficina de este abogado, los agentes se llevaron un proyecto para reformar una casa en Vegueta, varios móviles y dos ordenadores, uno de ellos encendido con 2.000 correos, que serán analizados por la UDEF para volcar la información y buscar datos relacionados con los tres delitos denunciados por la Fiscalía e investigados por el Juzgado de Instrucción número 8, alzamientos de bienes, cohecho y malversación.
Los propietarios de Maquinarias Paco crearon un entramado societario para continuar con su actividad mediante el Grupo Tipuana SL, con la finalidad de desviar los ingresos a ese empresa y a Elevaciones Archipiélago SL para eludir la deuda con los acreedores, según la denuncia del fiscal Miguel Hernández.
Están bajo investigación el matrimonio propietario de la compañía matriz, cuatro empleados que han desempeñado distintas responsabilidades en esas entidades, un abogado de Logroño y los dos administradores concursales, que fueron designados en enero de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 para gestionar la empresa en quiebra.
La Fiscalía, antes de denunciar el supuesto fraude en el concurso de acreedores, abrió una investigación previa para verificar los hechos, que fueron puestos en conocimiento del ministerio público por Máquinas Opein. Esta entidad se personó en el procedimiento porque quería adquirir la unidad productiva de Maquinarias Paco. Para eso contactó con el letrado riojano, Ignacio Irigoyen, que era el "asesor" de Paco y está relacionado con dos empresas interpuestas para ocultar la supuesta actividad paralela: Servicios Canarios de Información Fiscal SL y Consultoría y Gestión Integral Islas Canarias SL, según los informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social en los que se apoya el ministerio público para acudir a la vía penal contra esas personas.
También ha sido denunciado un tercer gestor, que fue nombrado por los acreedores, pero la investigación se centra en Bosch y Rodríguez. Hay correos entre Irigoyen y Máquinas Opein en los que se pacta la venta de la unidad productiva de la concursada por 400.000 o 500.000 euros, con instrucciones para realizar la oferta y alusiones a los honorarios (100.000 euros) de los administradores para darle el visto bueno a la operación. Se trata de comentarios realizados por terceros, pero la Agencia Tributaria ha detectado ingresos sospechosos en las cuentas de los gestores judiciales. Rodríguez recibió 130.000 euros en 2010 y 50.000 euros en 2011, mientras que Bosch percibió 10.456 euros en 2013 de Grupo Tipuana, es decir, de la mercantil que supuestamente se crea para desviar la actividad. El fiscal considera que esos pagos y otras operaciones que se investigan son "a todas luces injustificadas" porque exceden de los honorarios fijados por el juez de lo Mercantil.
La retribución acordada para cada administrador en diciembre de 2010 por los autos judiciales, según publica Canarias Ahora, asciende a 141.159 euros en el caso de Maquinarias Paco SL y a 22.120 euros en el Alquiler de Maquinarias Paco SL, que también está integrada en el concurso.
El abogado defensor, Luis Val, rechazó el jueves explicar a este periódico la actuación de sus clientes en el concurso, pero en la información citada se da a entender que la denuncia de la Fiscalía carece de fundamento porque los administradores cuentan con autorización del juez para cobrar ese dinero.
