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El consistorio impone 15.000 euros de multa a la terraza TAO por superar el aforo

El club sobrepasó en 585 personas la afluencia permitida en la fiesta de Halloween

La junta de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer una resolución en la que se impone una sanción de 15.001 euros al concesionario de la terraza TAO Garden Club por superar el aforo permitido el pasado 1 de noviembre. Según informaron fuentes del gobierno tripartito, durante esa noche, en la que se celebró una fiesta especial de Halloween, el local superó el aforo permitido con al menos 585 personas más.

La terraza tiene capacidad para acoger a 915 personas. Según los policías que acudieron al lugar tras recibir una denuncia, en el local había esa noche entre 1.500 y 1.600 clientes. Las mismas fuentes señalaron que la empresa MB Producciones Canarias, que gestiona la terraza, presentó alegaciones contra la sanción, pero fueron rechazadas.

Por otro lado, el concesionario de la TAO ha sido denunciada por otro empresario de la noche, Antonio Castellano, que acusa a éste de incurrir en varias irregularidades. En su guerra contra Antonio Márquez , gestor de las terrazas TAO y Sotavento, Castellano ha llegado a extender sus denuncias al Ayuntamiento por no clausurar los citado locales de ocio.

En el caso de la TAO, Castellano considera que el local del parque Romano "infringe varias de las condiciones establecidas en la concesión", en referencia a la instalación de un techo en una de las zona de la terraza, la existencia de salas de baile y el servicio de comidas.

Representantes de los gestores de la terraza aseguraron, por su parte, que cuenta con los permisos pertinentes para techar una parte de las instalaciones y aclararon que fue el propio Castellano -anterior concesionario del local cuando éste se llamaba La Romana- el que instaló la cubierta.

Castellano, al que el Ayuntamiento ha precintado la discoteca Tres por Uno por irregularidades, ha presentado tres querellas en relación con la TAO. La primera, contra el jefe de la Policía Local, Javier Henríquez; la segunda contra el jefe de la Unidad Especial del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA), Nelson Suárez; y la tercera contra los funcionarios Gonzalo Muñoz y María Ángeles Canella y Carmen Nieves Martín, directora general de Edificación y Actividades Clasificadas.

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