Otros 120 titulares de licencias de taxi de la capital grancanaria se han sumado a la demanda contra la imposición de los dos días libres obligatorios en el sector, interpuesta el pasado 29 de abril por 64 taxistas de cinco asociaciones de autónomos. Los taxistas, cuyo recurso mantiene en suspenso desde hace varias semanas la implantación de la jornada de descanso, intentan ahora que el juez también les de la razón en su batalla contra la imposición del día libre y han presentado un contencioso administrativo en el Juzgado número cinco.
El colectivo reclama en su demanda que la prioridad del Ayuntamiento debe centrarse en acabar con las irregularidades en la gestión del taxi y la situación "anómala" de licencias en manos de viudas y advierten de que el descanso obligatorio afectaría de forma negativa a la economía de la capital y de la isla, además de los perjuicios que supondría para los "trabajadores y usuarios" de este transporte público. Los taxistas indican que la salvaguarda del interés general ha sido uno de los elementos que han tenido en cuenta los jueces para suspender de manera cautelar el día libre, medida que ha sido solicitada también por la Asociación de Asalariados de Autotaxis de Las Palmas y la Cooperativa de San Cristóbal.
Gorky Bethencourt, portavoz de las cinco asociaciones que aglutinan a los cerca de 200 titulares de licencias -que también se han sumado al pleito- argumenta que la demanda tiene "como punto de partida las denuncias realizadas por la Asociación de Asalariados del Taxi en el año 2007, en relación al fraude continuado por la ilegitimidad de la titularidad de licencias". La denuncia a la que hace referencia Bethencourt fue presentada por María Eugenia García Rocha y dio lugar a la primera investigación de las explotación irregular del taxi por los floteros impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que participaron también la Policía Local, el Ayuntamiento, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Consulta
Otro argumento de la demanda, añadió Bethencourt, se basa en que la Ordenanza Municipal del taxi -en la que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, se ampara para imponer el día libre- está recurrida y pendiente de sentencia. El taxista alude al artículo donde se establecía que el día libre se establecería tras "la previa consulta a las asociaciones", que fue eliminado. El día libre, aseguran, "no fue solicitado por los colectivos taxistas, ni obedecía a un plan estratégico ni se había elaborado un informe previo".
Los titurales de licencias se amparan también en el "incipiente desarrollo económico" que ha experimentado la ciudad en los últimos años, que "vuelve a abrirse al mundo como oferta turística y que ha dado carta blanca a la concesión de innumerables licencias para todo tipo de medios de transporte de pasajeros, se contradice con el empeño del concejal por retirar las licencias de taxis de la calle y privar de este servicio a una ciudad, un municipio y una isla que ven aumentar su oferta en todo tipo de servicios y negocios".
Por su parte, la representante de una de las dos asociaciones de aslariados que hay en la capital, María Eugenia García, presentó su demanda contencioso administrativa contra el descanso obligatorio el pasado 11 de mayo en el Juzgado número dos. Argumenta que la medida abocaría al despido a 240 trabajadores y considera que la solución no es sacar 420 licencias diarias de la calle, con la jornada de descanso obligatoria, con la que "parece que intenta solapar la situación irregular en la que están muchísimas licencias desde hace muchísimos años".
