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Un atestado con posible delito

Cuatro agentes de la Policía Autonómica son acusados de falsedad documental y detención ilegal tras una retención en el Carnaval 2013

Lo que parecía un simple acto administrativo - realizar un atestado tras la detención de una persona indocumentada que se resistió a la autoridad por tenencia de estupefacientes en los alrededores de Santa Catalina mientras se desarrollaba la final de murgas en el Carnaval de 2013- se ha convertido en un juicio penal para cuatro agentes de la Policía Autonómica, dos de ellos subinspectores, acusados por la Fiscalía de un delito de amenazas, falsificación de documentos públicos y detención ilegal por parte de funcionario público.

En el caso, que ayer se inició en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, no solo se juzga por qué se demoró la detención sin acusación a Miguel Ángel S.M, más tiempo del debido, sino el mal ambiente laboral que se vivía en la central del Cuerpo General de la Policía Canaria, a cargo de Carmelo M. S. El subinspector está acusado además por uno de los agentes imputados en el caso, Horus L.C, de lesionarle para cambiar el atestado -que se cuestiona por falsedad, aunque fue firmado por los dos agentes- con la complicidad de Luis Jesús R. M, también subinspector en funciones logísticas y operativas del alto mando. La defensa del subinspector afirma que las heridas se las hizo el imputado durante la detención en la calle.

La fiscal Beatriz Sánchez solicita para los agentes que efectuaron la detención de M.A. A. M. la pena de prisión de cuatro años e inhabilitación para cargo público durante tres años por un delito de falsedad en documento oficial como funcionario público además de una multa económica. Mientras que a los subinspectores les acusa también de falsedad en documento y de un delito contra los derechos individuales, que conlleva una multa económica de nueve meses e inhabilitación por tres años para empleo o cargo público. Al subinspector Carmelo M. S.D se le imputa además una falta de lesiones, que conlleva dos meses de multa con una cuota diaria de 15 euros.

El juicio, que durará varios días, comenzó con la declaración de los cuatro acusados explicando lo que ocurrió durante la madrugada del 10 al 11 de febrero de 2013, durante el dispositivo de seguridad que se instaló en la vía pública para la final de murgas.

El acusado Horus L. C, licenciado en Derecho y que entró en el cuerpo en 2010 por oposición, fue el primero en declarar. En su exposición de los hechos relató que durante la intervención en la detención se cayó con el detenido al suelo porque empezó a lanzar improperios a la policía y a resistirse a la intervención, pero dejó claro que "nunca intentó agredir a los agentes", aunque fue esposado y llevado al hospital Negrín para un examen antes de realizar el atestado, tal y como está establecido tras una detención.

Al llegar a la central de la Policía Autonómica con el detenido, Horus señaló que el subinspector Carmelo M. S.D. le llamó a su despacho y allí, en presencia del otro subinspector "al que mandó apagar la luz", se lanzó contra él y le arañó el cuello con un bolígrafo después de invitarle a quitarse la chaqueta.

El joven, según sus palabras, salió bloqueado del despacho, sin entender lo ocurrido y cómo reaccionar ante la agresión de sus superiores y acompañado por Francisco de Asís P. G., agente que también participó en la detención del ciudadano en la calle, acudió al hospital Negrín para que le vieran las heridas. "Quería salir de allí. En mi mente desapareció el ciudadano detenido, solo quería velar por mí", alegó el agente, noqueado por lo que le había ocurrido. Durante la instrucción, la forense confirmó que las heridas habían sido producidas con un bolígrafo u objeto punzante y que no podían ser del detenido, ya que no tenía uñas.

El compañero Francisco de Asís P. G, que también había entrado en la Policía Autonómica en 2010 por concurso de oposición tras haber ejercido como policía local en Santa Cruz de La Palma, corroboró la declaración de su compañero Horus al indicar que la petición de lesionarse se la había solicitado primero a él el subinspector, pero que se negó. El acusado subrayó, sin embargo, que el otro oficial -Luis Jesús R.M- no estaba en el despacho cuando se produjeron los hechos, y que estaba con él.

Los dos compañeros firmaron el atestado que habían elaborado los subinspectores "sin leerlo" y dos días después de los hechos presentaron la denuncia contra los subinspectores.

El subinspector Carmelo M.S.D, que estuvo de policía local en la ciudad, negó los hechos y acusó al agente Horus -sindicalista de Cobas- de "mentir" por desconocimiento de los hechos y tener un patrón de conducta. Durante la instrucción del caso, el alto cargo fue acusado de mala praxis y de crear mal ambiente laboral por una veintena de agentes. "¿Qué gana Horus con denunciarle, que se juega cuatro años de cárcel?", le espetó el juez que lleva el caso, Emilio Moya. ¿Y el agente Francisco?, continúo. El acusado no supo indicar ninguna razón.

Los cuatro agentes se encuentran en libertad. Los dos agentes y el subinspector Carmelo M.S.D. en baja laboral tras lo sucedido por depresión y ansiedad.

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