La fiscal que lleva el caso de los cuatro agentes de la Policía Canaria - dos de ellos inspectores- acusados de un supuesto delito de falsedad documental pública y otro de detención ilegal, que se juzga desde el lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a raíz de la retención de una persona durante la noche de la final de murgas del Carnaval 2013 y la posterior denuncia de dos de los policías de que las diligencias no se ajustaban a la realidad, insistió ayer en que en la central de la Policía Canaria no cumplía con el protocolo que se exigía tras una actuación policial. Y que no era otro que el de las Fuerzas y Seguridad del Estado, según el acuerdo que firmaron en 2009 la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.
La fiscal Beatriz Sánchez insistió en este aspecto durante la confesión de los altos cargos de la Policía Canaria a favor de Carmelo M. S. D, subinspector de la central de Las Palmas, acusado también por otro de los implicados -Horus.L.C- de lesionarle para echar la culpa al detenido Miguel Ángel. S. M, arrestado cerca de Santa Catalina por ofrecer drogas en la vía pública y resistirse a la autoridad.
Entre los errores que se cometieron esa noche estaría que el detenido no se llevara a la comisaría de la Policía Nacional más próxima para identificarle, sino a la central de la Policía Canaria por orden del subinspector. Hecho que confirmaron los acusados y los agentes que estaban en activo aquella madrugada del 10 al 11 de febrero. El que no hubiese libro de registros en el calabozo, ni que en el atestado participaran todos los agentes implicados en la detención.
Tampoco se levantó esa noche el acta sobre la droga supuestamente incautada, y que tuvo que rellenar días después el inspector de la Policía Canaria que vino desde Tenerife para conocer lo ocurrido tras la denuncia presentada por Horus y Francisco de Asís.
Además, el parte de incidencias de esa noche llegó con un mes de retraso al juez de instrucción, después de que éste lo pidiera, tras abrir una investigación judicial por la denuncia de los policías, a la que se sumó la de una veintena de agentes para manifestar el abuso de poder el subinspector Carmelo M. S.D. El caso fue conocido como el del ladrillo.
En la segunda sesión del juicio, en la que declararon más de una quincena de personas entre agentes y altos cargos, volvió a quedar claro el mal ambiente laboral, después de que, desde la Dirección General de Seguridad, se hubiera publicado una resolución sobre la organización de trabajo.
La jefa de Servicio de la Administración de la Dirección de Seguridad de entonces comentó que se abrió un expediente interno para ver qué pasaba ante "los partes de baja de 24 horas" y en el que se distribuían escritos sindicales "instando a la plantilla a la unión; en términos de la revolución rusa. Un lenguaje que no era habitual". Declaró que la Dirección General de Seguridad y el sindicato Cobas instaron a que se formara una comisión para estudiar el asunto. "Se reconoció el conflicto y se dieron algunas recomendaciones para mejorar el ambiente como crear una mesa de trabajo para solucionar los problemas, pero que no se llevaron a cabo porque el asunto se judicializó".
Da la casualidad que dos agentes que testificaron a favor del agente Horus L. C. afirmaron tener una demanda judicial contra el subinspector por coacciones y mobbing. Se da la circunstancia además que, otros tantos agentes, están hoy fuera del cuerpo o en otros destinos.
"Me hizo un mata león"
Durante la sesión, a la que no fue el policía Francisco de Asís.P. G. por problemas de espalda, habló el detenido Miguel Ángel. S. M, que llegó esposado al juicio. El arrestado fue retenido sobre las 4.30 horas de la mañana del 10 de febrero, pero hasta las 8.40 horas no se le informó de sus derechos. Miguel Ángel. S.M. solicitó el Habeas Corpus, pero le fue denegado al aportarse solo el atestado. Hasta las 12.05 horas no se le tomó declaración, tras solicitar un abogado de oficio.
Miguel Ángel negó que vendiera droga. "Fui a echarme una raya", expuso, y rechazó que opusiera resistencia a los agentes. El detenido dijo que Horus le hizo un "mata león". "Una llave que inmoviliza el cuello, deja sin respiración y con la que se puede perder el conocimiento", aclaró, tras añadir que le tiró al suelo y le "pegó la bota a la cabeza".
Ese forcejeo fue el que utilizó el abogado de la defensa del subinspector Carmelo M.S.D - el letrado Javier Guerra- para insistir en su teoría de que el agente Horus se hizo daño en ese momento y que sus compañeros no vieron la herida porque el cuello de la chaqueta del uniforme lo impedía. Con la misma, la fiscal hizo confirmar a uno de los agentes que con ese cuello duro "es complicado" que alguien haga daño en el cuello.
Guerra respaldó su teoría de la conspiración sindical al verificar que tanto los acusados como los agentes de la defensa estaban o habían estado en Cobas.
La abogada Soraya del Toro, defensora del agente Horus, concretó su defensa en las irregularidades en el protocolo de actuación y en la no colaboración de los altos mandos con la Justicia tras abrirse el caso. Mientras que los defensores de Francisco de Asís y de Luis Jesús basaron la suya en concretar con los testigos si estaban o no en esa supuesta agresión en el despacho.
En el juicio no se aceptó una cinta con voces que aportaba el agente que custodiaba las cámaras de seguridad de la central. El policía, que dijo que no la entregó antes por miedo a represalias, contó que las imágenes se transferían en tiempo real a Tenerife, donde una empresa externa a la Policía las almacenaba por unos "15 días" y reconoció que las imágenes fueron visionadas por Carmelo y el inspector que llegó de Tenerife tras la denuncia. Según él, en las fotos de dichas imágenes se podía ver la luz apagada y encendida del despacho, donde supuestamente se produjo la agresión de Carmelo a Horus. El agente de seguridad de la puerta, que también tenía por su posición acceso a las imágenes, dijo que se trataba de la luz de la azotea.
