La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, pidió ayer al sector de la estiba "diálogo y entendimiento" para llevar una respuesta a la Comisión Europea ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diciembre de 2014 determinó que el modelo de contratación español es contrario a la libertad de establecimiento de las empresas.

Ante el apremio de Bruselas para que la Ley de Puertos se adapte al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Pastor, durante la visita realizada en la mañana de ayer al Puerto de La Luz, solicitó a empresarios y estibadores que alcancen un acuerdo "lo antes posible" para así responder con un nuevo sistema consensuado. Sin embargo, tendrá que ser el Ejecutivo que se formé tras las elecciones del 26 de junio el que se encargue de adaptar la ley a las medidas impuestas por el tribunal europeo.

Europa volvió a denunciar recientemente a España por no tomar ninguna medida tras la resolución de la justicia. Asimismo, según el periódico El Mundo, advirtió de que en caso de no aplicar las medidas necesarias en ocho meses se podría enfrentar a sanciones millonarias. La respuesta por parte del Estado consiste en atribuir la demora a la tardanza en la formación del próximo Ejecutivo.

El Tribunal afirma que el sistema español atenta contra la competencia al obligar a las empresas del sector a contratar a los trabajadores a través de la Sagep (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), en la que además están obligadas a entrar.

Los estibadores mantendrán los próximos 7 y 8 de junio una asamblea general en Gijón en la que se debatirá sobre la necesidad de contar con un pacto consensuado entre los distintos agentes para adaptar el sector a la sentencia.