El Tribunal Superior d e Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la protección integral que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el Gobierno regional concedieron a un edificio construido en 1933 bajo la dirección y la proyección del arquitecto racionalista Miguel Martínez-Fernández de la Torre.
Se trata del Edificio Hidalgo, un inmueble de color rojo inglés con tres plantas más local comercial que linda con las calles Colmenares, Alonso Alvarado y Muelle Las Palmas, esto es, en las inmediaciones de Bravo Murillo, junto al parque San Telmo y el Hotel Parque, que es otra obra de Martínez-Fernández de la Torre.
Ese conjunto conformaba el frente norte del parque San Telmo en unión al antiguo entorno de la calle Perojo, con gran cantidad de edificios históricos y de valor arquitectónico. De ahí la inclusión del Edificio Hidalgo en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal y, por tanto, en el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que fue aprobado el 29 de octubre de 2012 por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Esa catalogación es la que ahora ha anulado la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso Administrativo en su sede de Las Palmas. La sentencia, con el voto particular de Cristina Páez, acepta el recurso presentado contra el Plan General por el abogado Normando Moreno en nombre de Lulita SL.
El letrado solicitaba la anulación de la protección y, si ésta resultaba imposible, una indemnización que compense al propietario por la restricción de edificabilidad respecto a las parcelas del entorno. La Sala, con Javier Varona como ponente y García-Otero como presidente, concluye que no existen razones para mantener el edificio en el catálogo municipal, lo cual posibilita reformas o actuaciones similares al resto de solares.
Se basan en un informe pericial elaborado por el arquitecto José Manuel Pérez Luzardo a petición del demandante. El experto concluye que la justificación de la catalogación es "claramente arbitraria y carente de sustento", pues en ella se "reconoce que no se cumplen los parámetros funcionales" y el edificio se ha "desvirtuado" con añadidos y modificaciones que incumplen los elementos de la arquitectura racionalista, cuyas obras, además, han sido autorizadas por el Ayuntamiento.
Según el técnico, la obra no tiene valor edificatorio o ambiental que sirva de referencia para comprender su época de construcción; pone en crisis el modelo del arquitecto dentro de la corriente racionalista, y la operación urbanística que la acompaña es "claramente disonante" con los inmuebles circundantes, entre ellos el Hotel Parque. Por tanto, "ni es ejemplo de la arquitectura racionalista ni responde al gusto del autor de la obra", añade el tribunal.
Páez, en cambio, rechaza que la edificación esté "desnaturalizada" respecto a su estilo originario. Se apoya en los informes de las administraciones y aboga por mantener la protección, que le venía asignada desde el Plan General del 2000, su adaptación del 2005 y el actual de 2012, pues se trata de un edificio que "ilustra una época" y que explica la historia de la ciudad.
