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Los jueces prorrogan otras 747 causas penales para evitar que se archiven

El cierre del plazo dispara la declaración de investigaciones complejas en los juzgados isleños - En Las Palmas pasan de 806 a 1.416 y en Tenerife de 192 a 429

Los jueces prorrogan otras 747 causas penales para evitar que se archiven

Los juzgados canarios han cumplido con éxito el trabajo iniciado en diciembre para adaptarse al plazo de seis meses que limita la investigación de delitos. De las 14.647 causas penales revisadas, los jueces isleños, a petición de la Fiscalía, han ampliado la instrucción de 1.845 procedimientos, 1.416 en la provincia de Las Palmas y 429 en la de Santa Cruz de Tenerife, tras declararlos complejos y aplicarles un nuevo plazo de 18 meses prorrogables. Eso evita que las investigaciones se archiven o se cierren en falso, sin practicar las pruebas necesarias con las que luego sostener la acusación en el juicio.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor el pasado seis de diciembre. De ahí la necesidad de escrutar todas las diligencias previas que tramitan los juzgados con anterioridad a la reforma, pues ayer se cumplió el plazo de seis meses para revisarlas y aplicarles el plazo de los seis meses. Transcurrido ese límite, si no se declaran las causas complejas, los jueces no pueden practicar más diligencias de instrucción.

Esa fecha límite ha generado tensión entre el Ministerio de Justicia, los abogados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios) y los fiscales, que son los responsables de solicitar la declaración de complejidad para prorrogar las investigaciones.

De hecho, durante los dos últimos días para revisar los procedimientos se han producido atracones para llegar a tiempo. En Las Palmas, por ejemplo, casi la mitad de la causas han sido declaradas complejas entre el viernes y ayer lunes (610 de las 1.416 totales). En Santa Cruz de Tenerife, incluso aumentó el porcentaje hasta casi doblarse (237 de las 429 finales), según datos extraídos del sistema procesal Atlante, que es el que se utiliza en los juzgados para tramitar los procedimientos.

Los fiscales, en total, formularon 1.710 peticiones de complejidad en Las Palmas y 1.026 en Santa Cruz. La diferencia entre esas solicitudes y la causas finalmente declaradas complejas obedece a varias razones, entre ellas que el juez no haya resuelto la petición, que archivara la investigación al no ver delito o que la transformara en procedimiento abreviado o en sumario al darla por concluida. Por tanto, habrá que esperar a los datos oficiales de la estadísticas judiciales para saber con exactitud qué ha ocurrido con esas solicitudes aún no contestadas: 294 en Las Palmas y 597 en Santa Cruz (se corresponden con la diferencia entre las peticiones de la Fiscalía y la respuesta de los jueces).

En ese sentido, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, aseguró ayer que los juzgados han archivado provisionalmente más de 44.000 causas penales por no tener autor conocido durante los seis primeros meses de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un periodo en el que se han revisado más de 346.000 procedimientos en todo el territorio nacional. "Se ha cumplido un objetivo complejo. Lo que algunos decían que era imposible pues ha sido posible", afirmó Catalá en declaraciones recogidas por Efe. La Fiscalía General del Estado, al entrar en vigor la ley, dijo que era imposible revisar todas las causas penales. De los más de 346.000 procedimientos analizados, se han calificado como complejos 302.132, de los cuales alrededor del 0,29 % están relacionados con delitos de corrupción, y otros 44.000 más han sido archivados al no tener autor conocido, tal y como recoge la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el archivo de estos procesos tiene carácter provisional en tanto en cuanto no se retome la causa si se encuentra al autor.

A Catalá no le ha sorprendido el número de archivos, un 12,7 % de los más de 346.000 asuntos que cifró el Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2015 para revisar. "Cuantitativamente no me parece un numero relevante", ha aseverado.

Andalucía con 71.143 encabeza la lista por comunidades autónomas, seguida de Cataluña con 42.949, la Comunidad de Madrid con 28.067 y la Comunidad Valenciana con 26.857. En el otro extremo están regiones como Ceuta (376), Melilla (921), La Rioja (2.060) y Cantabria (3.651), añade la agencia Efe.

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