La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la medida adoptada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas celebrado el pasado mes de mayo, que exige a los buques atracados en el Puerto solicitar un permiso para aquellas reparaciones y trabajos de mantenimiento que se hagan a bordo.
La asamblea general de Asocelpa decidió llevar a la justicia la modificación del Servicio Comercial de Reparación de Buques ya que considera que "resulta gravemente lesivo a sus intereses". La asociación mostró "su más enérgica condena" a esta decisión sobre todo después de que se dirigieran al organismo portuario para que retiraran del orden del día la modificación al desconocer el contenido del documento que se elevaba al consejo. Asimismo, solicitaron un margen de tiempo para poder estudiarlo. Desde el ente se desoyó la petición.
En su día, este sector portuario avisó de que la medida iba a provocar la huida de unos 80 barcos al año, fundamentalmente pesqueros y de carga frigorífica, a otros puertos de la zona al ser los de Las Palmas los únicos de España que tienen "esta regulación obstruccionista". "Los armadores de estas flotas ya han mostrado su gran preocupación a las compañías consignatarias", afirman desde Asocelpa.
Ya el presidente del ente portuario, Luis Ibarra, respondió a las quejas aseguran que la disposición respondía a instalar "un mínimo control necesario" para la seguridad y la prevención medioambiental, sobre todo después de los incendios que se produjeron el año pasado en buques que atracados en el recinto portuario. Y garantizó que la medida no supondría un freno para la actividad ni tampoco la iba a perjudicar.
El punto que desde Asocelpa se trasladó su total desacuerdo era el referido a la necesidad de notificar todas los trabajos de mantenimiento rutinario. "Con la nueva normativa se hace necesaria una autorización expresa para esta actividad cotidiana y sólo por un máximo de 72 horas".
Estos trabajos son, según el procedimiento publicado por la Autoridad Portuaria que a partir de ahora es de obligatorio cumplimiento, "aquellos llevados a cabo a bordo por las tripulaciones de los buques (...) que no requieren en ningún caso su inmovilización más allá del tiempo de duración normal de la escala en puerto necesaria para efectuar las operaciones propias del servicio que prestan". Asimismo, afecta a las reparaciones que no son realizadas por los tripulantes y a las grandes obras que conlleven una influencia significativa en la seguridad marítima.
En el documento publicado en la web del organismo público se explica que esta obligación se toma para conocer los trabajos que se realizan en los buques con el objetivo de asegurar la correcta explotación de las infraestructuras e instalaciones portuarias.
