Las bajas de dos psicólogas forenses han avivado las quejas de los jueces por el retraso que acumula el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (IML) en los informes solicitados por los juzgados, sobre todo ahora que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone un plazo de seis meses para investigar los delitos en las causa simples.
La demora afecta a los juzgados de instrucción y, sobre todo, a los de Violencia de Género y los de Familia (civiles), lo cual perjudica de manera directa a los menores afectados por esos procedimientos judiciales. El anterior Gobierno de Canarias, ante una queja del Diputado del Común por el retraso, firmó a principios de 2015 un acuerdo con el Colegio de Psicólogos para externalizar algunas periciales que redujo la lista de espera de dieciocho a cinco meses.
La solución duró poco debido a dos bajas en la unidad de valoración forense que no se cubrieron, según un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) fechado el pasado 28 de octubre, donde se advierte que "el grave retraso" en la emisión de los informes es "inasumible" y afecta "desde hace tiempo" tanto al ámbito penal como el civil.
El problema es tan grave que se han presentado varias quejas durante los últimos años y el Diputado del Común ha abierto al menos dos investigaciones de oficio: una en 2014 y otra este año, con una dura resolución firmada por Jerónimo Saavedra contra la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
En la resolución del expediente, que está colgado en la web del Diputado del Común, Saavedra reclama en abril a la directora del departamento, Lourdes Quesada, que articule "medidas estables" para "garantizar" la emisión de los informes psicológicos "de forma eficaz y rápida".
El Diputado del Común es un alto cargo nombrado por el Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma. De ahí la importancia del reproche realizado por Saavedra, que no sólo reclama al Gobierno regional medidas urgentes para arreglar este "gravísimo problema crónico", sino que acusa a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de incumplir las obligaciones asumidas en virtud del artículo 28.1 del Estatuto de Autonomía, con la supuesta vulneración de la Constitución y de las leyes integrales para proteger a los menores y a las mujeres que son víctimas de la violencia de género.
El Diputado del Común abrió la investigación a principios de año, tras recibir la queja de un ciudadano por la dilación de un procedimiento de divorcio en el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Las Palmas, con los perjuicios que esa demora le estaba causando a su hija. Saavedra requirió al órgano judicial una explicación y éste le remitió el informe del Instituto de Medicina Legal.
La institución, el 22 de enero, reclamó una aclaración a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que admitió el retraso y lo achacó a la imposibilidad de cubrir las bajas por las limitaciones de la Ley de Presupuestos de 2016.
Según fuentes judiciales, el problema de las bajas está resuelto, pero la demora de la lista de espera para elaborar los informes vuelve a superar el año y ha generado fricciones entre jueces, forenses y la administración, que buscan medidas alternativas para agilizar las periciales psicológicas.
