El pleno municipal no estuvo ayer exento de polémica. Y el motivo no fue otro que la aprobación por la vía de urgencia de las ayudas que otorgará el Ayuntamiento a las familias más vulnerables del municipio para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 2015, y que el propio alcalde anunció hace tres días.

La medida se aprobó con el voto del Tripartito pero con la abstención de los partidos de la oposición, quienes cuestionaron no solo que ésta se hubiera dado a conocer media hora antes a los concejales de la celebración del pleno, sino también la fórmula elegida para llevarla a cabo. Es decir, sin tener en cuenta la renta familiar sino el valor catastral de sus viviendas -no superior a los 30.000 euros-, el haber recibido alguna ayuda de emergencia o de dependencia en el pasado ejercicio o ser arrendatarios de una vivienda pública. Tanto el PP como Unidos por Gran Canaria anunciaron que presentarán alegaciones en el periodo de exposición pública de este IBI Social porque llevará a la administración a hacer "pagos injustos", regalar dinero y a la picaresca.

El plazo para solicitar la ayuda es del 4 de julio al 30 de septiembre. De ahí la urgencia para que se aprobara, según explicó la concejala de Presidencia, Encarna Galván, encargada de justificar la misma por el interés que para la ciudadanía. El Ayuntamiento ha destinada a dicho IBI Social 1,7 millones de euros y creen que se podrán beneficiar unas 26.000 familias.

El concejal de Ciudadanos, Javier Amador, dijo que la medida se había presentado "por la puerta de atrás" al hacerlo minutos antes del pleno sin tiempo para discutirla y la calificó de "simplona" porque relacionaba el valor catastral con la situación económica de las familias. Y la comparó con el efecto de los 2.500 euros que dio Zapatero a los bebés, donde se beneficiaron familias sin problemas económicas cuanto la idea era ayudar a las familias con bajos recursos.

En la misma línea se mostró el portavoz del PP, Ángel Sabroso, quien subrayó que la medida producirá "situaciones de injusticia" y "sin sentido" ya que se podría estar pagando el IBI a una familia que tenga hasta cuatro sueldos aunque viva en Escaleritas, donde los pisos tienen un valor catastral inferior a los 30.000 euros.

La representante de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, por su parte, calificó la iniciativa de "demagógica, publicidad política y engañosa" ya que solo los primeros que opten a la solicitud podrán hacerse eco de la misma sin saber además si lo necesitan o no. También porque se ha presupuestado 1,7 millones de euros para el pago cuando 8.300 familias solicitaron la ayuda de emergencia en 2015.